Iniciativa del Pueblo Andaluz; “No es admisible un sistema de financiación a la carta, negociado de forma bilateral con algunas comunidades”

A raíz de la alarma surgida ante las declaraciones por parte del Presidente del Gobierno y de otros responsables políticos y que vislumbran una propuesta de financiación que privilegia a Cataluña. Una financiación “singular” que parte del principio de que quien más aporta debe recibir más y que rompe con el principio básico que sostiene el Estado social: el principio de equidad. Quien más tiene debe contribuir más para avanzar en la igualdad y la cohesión territorial, una de las funciones claves de la existencia del Estado.

Los impuestos son el resultado de las retribuciones de la ciudadanía, no de los territorios. Si quien más tiene, recibe más, lo que provoca es el aumento de las desigualdades territoriales y sociales. Hemos escuchado que esta financiación estaría justificada para financiar el mayor volumen de competencias de algunos territorios, sin embargo, estas competencias se financian mediante transferencias específicas que se integran dentro del Fondo de Suficiencia Global.

Mientras, Andalucía sufre la desigualdad territorial. Con los peores datos en paro, renta y pobreza, la desigualdad se ha convertido en nuestro factor estructural. No olvidemos que los servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación o la asistencia social, deben estar garantizados por el Sistema de Financiación Autonómica. Es el que financia el Estado del bienestar que debe de ser igual de accesible para toda la ciudadanía, sin importar el territorio donde nazca.

Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz reclamamos un debate territorial sobre por qué es necesario un cambio en el Sistema de Financiación Autonómica, caducado desde 2014, y por qué Andalucía debe de exigir mayores niveles de autogobierno y mecanismos más efectivos de redistribución de los recursos. Andalucía, como sujeto político constitucional, debe contrapesar la posible deriva de que España se divida entre los privilegios de las Comunidades ricas y una recentralización en el resto del Estado. Tenemos el derecho y la obligación de exigir una relación equitativa y horizontal entre las Comunidades Autónomas y entre éstas con el Estado central.

Proponemos la celebración de una conferencia de Presidentes Autonómicos que sienten las bases del nuevo sistema. El Sistema de Financiación debe garantizar la suficiencia global de los recursos del sistema, una financiación por habitante ajustado, con una nivelación total, mediante la inclusión de todos los servicios públicos derivados de competencias autonómicas. Este sistema tiene que impedir los privilegios fiscales o dumping fiscal entre territorios y simplificar el sistema de régimen común, eliminando la maraña de fondos verticales y sustituyéndolos por un único fondo de nivelación. Hay que acabar con la opacidad del sistema foral, integrando a las comunidades forales en un mecanismo general de nivelación.

Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz reivindicamos el cumplimiento del acuerdo del Parlamento andaluz alcanzado por consenso en marzo de 2018, que estableció en 16.000

millones de euros anuales la insuficiencia del sistema para Andalucía, a propuesta de la entonces Consejera de Hacienda y hoy Ministra, María Jesús Montero, quien calculó que Andalucía debía recibir unos 4.000 millones anuales más.

No es admisible un sistema de financiación a la carta, negociado de forma bilateral con algunas comunidades. Esto supondría iniciar una deriva confederal que privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, como es garantizar la cohesión social y territorial.

Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz siempre hemos defendido que es necesario avanzar hacia un modelo federal basado en el pluralismo que permita vencer de una vez por todas al centralismo y que establezca mecanismos de cogobernanza y políticas de solidaridad interterritorial eficaces para la cohesión social. El actual Estado de las Autonomías sigue sin corregir que España sea un Estado muy desigual, territorial y socialmente. Una estructura federal sí puede corregir la desigualdad.