Izquierda Unida plantea una batería de medidas en el Congreso para endurecer la ley y mejorar la licitación para prevenir los cárteles que manipulan los contratos públicos de alimentos 

Viernes, 19 de julio 2024

Izquierda Unida, a través de su diputado Fèlix Alonso, quiere que los responsables en la materia del Gobierno expliquen por escrito a nivel parlamentario “qué medidas va a plantear para mejorar los procedimientos de licitación pública de los contratos de servicios de alimentos con el objetivo de prevenir la actuación de los cárteles”.

Alonso ha registrado una iniciativa en el Congreso a raíz de todas las informaciones recabadas en relación a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo que garantiza y promueve el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y las empresas, “ha desmantelado tres cárteles que se repartían el suministro de alimentos a hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército”.

La CNMC multó por ello a siete empresas y a cinco de sus directivos con 3,13 millones de euros y 176.100 euros, respectivamente. La empresas distribuidoras de alimentos sancionadas son Plataforma Femar, S.L. (Femar), Acacio, S.L. (Acacio), Serviline Foods, S.L. (Serviline), Asesores Llangon, S.L. (Llangon), Leonesa de Patatas, S.L. Hermanos Vidal, S.L. (Hnos. Vidal) y Frutícolas Ateca, S.L. (Ateca)

El texto de la iniciativa impulsada por Izquierda Unida, que firma también el diputado en el Grupo Plurinacional de Sumar Carlos Martín, plantea al Ejecutivo que valore si “el proceso de control de las empresas distribuidoras de alimentos con contratos públicos es el adecuado” y, en su caso, “qué medidas va a plantear para mejorarlo” y “facilitar la detección temprana de posibles cárteles como los sancionados”.

Fèlix Alonso advierte de que estos cárteles “que roban, trafican y se reparten contratos públicos son especialmente dañinos para la sociedad porque impactan de forma directa en el gasto público y se financian con el dinero de todas las personas contribuyentes”.

A nivel más concreto, la iniciativa cuyas preguntas deben ser respondidas por escrito interroga también sobre si a la vista de los hechos habrá cambios legislativos en “el régimen sancionador establecido en la Ley de Defensa de la Competencia con el objetivo de establecer un tipo infractor mínimo o un agravante expreso para las entidades participantes en carteles que afecten a licitaciones públicas” o “para aumentar el importe máximo de las multas a directivos (limitadas ahora 60.000 euros) con el objetivos de convertirlas realmente en disuasorias”.

El texto se completa con dos cuestiones más: “¿se plantea el Gobierno impulsar modificaciones legislativas para clarificar la posible responsabilidad penal en la que incurrirían los directivos sancionados por infracciones muy graves en materia de competencia, especialmente los cárteles en licitaciones públicas?” y si también “¿se plantea endurecer las condiciones para acceder a la contratación pública para aquellas empresas que hayan sido declaradas culpables y obligar a la renuncia de los directivos responsables para aceptar las medidas de compliance de las empresas?”