Actúa quiere mostrar su más absoluto y contundente rechazo al maltrato de la sanidad rural por parte de la Junta de Castilla y León

Nos sumamos y aplaudimos las denuncias y movilizaciones que desde las comarcas leonesas están dejando patente que estamos ante una estrategia de abandono del mundo rural. Un maltrato a la sanidad que va mucho más allá de los recortes o dejar sin médico a territorios enteros: son causa y efecto al mismo tiempo de la pérdida de población, envejecimiento y desertificación de las zonas rurales de la provincia.

Queremos expresar nuestra más profunda indignación por lo que la catalogamos como una auténtica agresión a la salud de los ciudadanos y ciudadanas leonesas. Entre otras razones porque alguna lumbrera de la Junta y el SACYL olvida cada verano que muchos emigrados de la provincia regresan a León en julio y agosto: por tanto las razones esgrimidas por el Consejero para excusar el cierre son directamente “patrañas”. La mismas mentiras que se lanzaron el año pasado en forma de compromiso de no volver a cerrar camas públicas tras dos años de escándalo. La Junta ha mentido, es un hecho incontestable. Este año, además, se agrava el drama en forma de falta de médicos. Un problema que viene sufriendo la provincia desde hace años pero que en 2018 se visibiliza gracias a las denuncias, protestas y manifestaciones que se vienen desarrollando en los últimos tiempos.

La insensibilidad de los responsables de SACyL ante el drama de las listas de espera o dejar una comarca completa sin su atención primaria, a que están sometidos muchos enfermos es manifiesta, y sus argumentos genéricos para justificar este desmantelamiento veraniego de la sanidad pública constituyen un insulto a la inteligencia de la sociedad. La realidad es que no disminuye la demanda en verano: además de lo evidente expresado más arriba, nos encontramos con que se ralentizan las citaciones de forma intencionada para evitar contratar a los profesionales necesarios o para así cesar a los eventuales. Es la falta de personal la que provoca esta situación, por mucho que intente ocultarlo la Junta.

Exigimos que se cubran inmediatamente todas las vacantes veraniegas en atención primaria de los pueblos leoneses, sin excusas porque no son creíbles, no se cierre jamás una planta, y camas públicas, de los Hospitales del Bierzo y de León mientras exista una lista de espera como la actual, y mientras se constate que sigue existiendo el hábito de derivar personas enfermas a clínicas privadas.

Esto se añade a una política general de privatización de la sanidad en León y El Bierzo mediante la implantación de las Unidades de Gestión Clínica: un paso hacia la fragmentación del sistema sanitario convirtiéndole en microempresas que entrarán en competencia entre sí, ya que, por encima de la mencionada y pretextada “autogestión” de los profesionales, lo que la administración realmente pretende es controlar y regular el crecimiento presupuestario, con promesas de mejoras salariales para algunos profesionales por medio de incentivos (como forma enmascarada de abrir el abanico salarial de ciertos jefes intermedios), y todo ello a costa del empeoramiento de las condiciones de trabajo del resto de los profesionales de la plantilla y a costa de la merma en cantidad y calidad de algunas prestaciones para con los pacientes.

Estas UGC constituyen una primera fase en el proceso de fragmentación y quebranto del modelo público, para, en otra fase posterior proceder a medidas que legitimarán los recortes sanitarios y justificarán una privatización abierta. No existe constatación de alcanzar ningún beneficio para los pacientes con esta nueva forma de gestión “atomizada”, como así lo demuestran los ejemplos que encontramos en las CCAA que lo tienen implantado, salvo el hecho de que, por medio de estas UGC, la administración elude responsabilidades políticas delegando y derivando las consecuencias de los recortes en sanidad hacia los jefes y coordinadores de los servicios que se transformen en UCG, y que serán incentivados por y para ello.

Estas UGC constituyen una primera fase en el proceso de fragmentación y quebranto del modelo público, para, en otra fase posterior proceder a medidas que legitimarán los recortes sanitarios y justificarán una privatización abierta. No existe constatación de alcanzar ningún beneficio para los pacientes con esta nueva forma de gestión “atomizada”, como así lo demuestran los ejemplos que encontramos en las CCAA que lo tienen implantado, salvo el hecho de que, por medio de estas UGC, la administración elude responsabilidades políticas de

La nula defensa del modelo ideológico de la sanidad pública, unida a una forma de gestión caciquil e insensible por parte de los gestores de SACyL, es lo que se encuentra detrás de estas medidas, actitud con la que estos gestores pretenden ahorrar dinero público a costa de la salud de las personas o, lo que es aún peor, derivar dinero público a manos privadas mediante los conciertos con clínicas privadas que ya están comprometidos previamente y a las que este cierre de camas públicas beneficiará notoriamente.

Nos sumamos a la denuncia de la austeridad que cuestiona y pone en evidencia la gestión del Complejo Hospitalario de León, el recorte en plantillas y falta de sustituciones en los centros de salud rurales y urbanos, la multiplicación de las listas de espera en las citas con los médicos generales, o las listas de espera que ya son enfermedad endémica de nuestra sanidad pública en manos del PP.

Estamos ante un auténtico asalto a la sanidad pública, con la intención de precarizarla, maltratarla, y de este modo generar negocio fácil para la sanidad privada. Las sospechosas, y recientes dimisiones del director y subdirectora de enfermería de Atención Primaria de León, curiosamente ambas simultáneas y “por razones personales” están relacionadas con los brutales recortes en las sustituciones que se están afrontando en los centros de salud. Así lo creemos y así lo denunciamos.