Plataforma por la Libertad de Información: «los secretos de Estado en una democracia deben ser los mínimos»
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), hizo públicas el pasado martes las alegaciones al anteproyecto de Ley de Información Clasificada que presentó al Gobierno este viernes dentro del plazo -excepcionalmente corto, de siete días hábiles- para enviar comentarios a esta norma. El anteproyecto que reforma la actual Ley de Secretos Oficiales del año 1968 fue aprobado por el último Consejo de ministros antes de las vacaciones el pasado 1 de agosto.
En el documento remitido al Ministerio de Presidencia, la PDLI recuerda los límites que imponen los organismos internacionales para regular en esta materia. En particular, la PDLI destaca las recomendaciones de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) a la que pertenece España y que, entre otras indicaciones, establece los periodos para desclasificar información o qué materias no pueden declararse secretas.
“Los estándares internacionales imponen que la regulación de los secretos de Estado sea la mínima necesaria para salvaguardar la seguridad nacional, y exigen además que el daño se concrete. Esta limitación aplica tanto a los plazos para desclasificar información secreta (que son mucho menores a los 50 años que contempla el anteproyecto) como a las materias que pueden ser objeto de esa protección, o a las autoridades con capacidad de clasificar información. En el anteproyecto aprobado por el Gobierno nada de esto se está respetando”, explican desde la PDLI.
“Además, aunque la seguridad nacional es un límite legítimo de la libertad de expresión e información, deben respetarse en todo caso los criterios de proporcionalidad, necesidad y legalidad. Esto último implica que deben evitarse expresiones amplias o ambiguas que conduzcan o abusos interpretativos o a la autocensura por el temor a ser sancionado o hacer algo incorrecto. Y el anteproyecto incluye límites desproporcionados e innecesarios para la salvaguardar la seguridad nacional, además de contener multitud de generalidades como que podrá clasificarse ‘Cualquier otro ámbito cuya salvaguarda requiera de la más alta protección’ que no es otra cosa que una ‘barra libre’ para clasificar información”, añaden desde la PDLI.
Además de pedir que se eliminen estas declaraciones imprecisas del anteproyecto, la PDLI también reclama que la futura norma recoja expresamente la prohibición de clasificar como secreto oficial o de Estado cualquier “información relativa a violaciones de la ley o de los derechos humanos, mala administración o errores administrativos, amenazas a la salud pública o al medio ambiente, la salud de funcionarios electos, información estadística, socioeconómica o cultural, información científica básica, o la que sea meramente embarazosa para individuos u organizaciones”, tal como recomienda la OSCE.
En cuanto a las categorías de información clasificada, la PDLI, pide que se restrinjan a ‘secreto’ y ‘alto secreto’ de modo que esta ley se limite a las que estrictamente representan un riesgo para la seguridad nacional, estableciendo la obligación, además, de tener que acreditar el daño que podría causarse si la información fuese desvelada.
Además, la Plataforma reclama que exista un organismo independiente de control y supervisión en lugar de dejar las capacidades en materia de clasificación en manos de diversos departamentos.
“El Representante de la OSCE para la libertad de prensa ha recomendado que este tipo de leyes prevean la creación de un organismo independiente que no forme parte de los servicios de inteligencia, militares o de seguridad para supervisar la información clasificada y asegurarse de que el sistema esté funcionando correctamente, recibir quejas sobre información mal clasificada y revisar y ordenar la desclasificación de la información”, se argumenta en el escrito de alegaciones.
En cuanto a los plazos, la PDLI recuerda que la recomendación para mantener la información secreta es de 15 años y también que, respecto a periodos predemocráticos, los organismos internacionales instan a que “toda la información que fue designada como secreta por gobiernos anteriores no democráticos debe ser desclasificada y liberada a menos que se demuestre que su liberación pondría en peligro la seguridad nacional o sería una invasión injustificada de la privacidad”.
PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES Y PERIODISTAS
Respecto a la amenaza que esta ley representaría para periodistas y fuentes de aprobarse el articulado actual, la PDLI señala que “una forma de censura típica de los regímenes autoritarios son las leyes de secretos de Estado, que también se usan para perseguir a periodistas. Las democracias se distinguen, precisamente, por sus límites cuidadosos a la hora de regular esta materia. Por eso, nos parece especialmente grave y preocupante que las sanciones por revelación previstas apliquen a todo medio de comunicación, web, etc. que difunda información de interés público”.
Finalmente, en las alegaciones también se reprochan defectos de forma como que no se trate de una Ley Orgánica o el escaso plazo para presentar alegaciones, algo denunciado también en un comunicado conjunto con otras organizaciones que forman parte, como la PDLI, de la coalición ProAcceso.
DOCUMENTO DE ALEGACIONES PRESENTADO POR LA PDLI
Relacionado
