Plataforma 7N: «Las agresiones sexuales son violencia machista y exigen respuesta»

El Manifiesto de la Marcha 7N contra las violencias machistas acordado en la asamblea de 04.07.15 recoge como 4ª de sus 9 exigencias: “Que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia que ejerce la pareja o ex pareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas.”

La restricción de la violencia de género a las relaciones de pareja de la Ley 1/2004 estatal contra la violencia de género, no abarca toda la realidad, ni aplica el Convenio de Estambul, la 21ª de las observaciones del Comité CEDAW en 2015 ni su propia exposición de motivos, que reconoce la definición de Naciones Unidas de «agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral».

El rechazo a la violencia sexual en las fiestas ha estallado en el verano de 2016. Saludamos que en los Sanfermines y en otras muchas ciudades se hayan producido manifestaciones contra las agresiones sexuales creando una nueva conciencia social, y demandando políticas públicas de prevención y de atención social y judicial que no solo debe afrontarse por los ayuntamientos. Ahora sólo existe el Código Penal y las denunciantes de las agresiones de este verano se enfrentan a probar en el juzgado que no hubo ‘consentimiento’, una dificultad tradicional en la respuesta judicial.

La violencia sexual es violencia machista o de género, y hay que combatirla con herramientas que castiguen a quienes la ejerzan directamente o indirectamente y que reparen el daño a las víctimas, pero también desarmando su base. El Ministerio de Interior contabiliza 9.040 denuncias por violación entre 2009 y 2015 (incluyendo solo las agresiones con penetración), es decir, unas 1.300 anuales, en las que el 8,6% de las víctimas tiene menos de 13 años y el 19% entre 14 y 17, y se estima que solo se denuncia el 10% de las que se producen, que el 82% se perpetran por conocidos y que la impunidad de las agresiones de menor intensidad las ha hecho crecer.

Sin embargo, como se afirma desde distintas entidades, se da la circunstancia de que «la violencia sexual es una de las violencias machistas más desatendidas por parte de las instituciones».

Por todo ello, desde la Plataforma feminista 7N contra las violencias machistas proponemos:

1. Exigir que la atención jurídica, sicológica y social a las víctimas de violencia de género que establece el artículo 19 de la Ley 1/2004 se extienda, conforme a los artículos 3, 25 y 36 del Convenio de Estambul, a cada mujer o niña que ha sufrido agresiones sexuales, sea en las fiestas, en las aulas, la calle, el trabajo o cualquier lugar o relación, asegurándoles atención, protección, justicia y reparación. Para ello el Estado tiene que financiar a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos este servicio no restringido a la violencia machista en la pareja.

2. Velar para que las mujeres que se han atrevido a denunciar no salgan trasquiladas por triquiñuelas judiciales. Es el momento de que los juzgados y tribunales empecen a atajar la impunidad y a aplicar en lo que les toca el Convenio de Estambul y la 21ª de las observaciones del Comité CEDAW a España en 2015.

3. Exigir al Estado central que apruebe un Plan de Acción contra la violencia sexual y un protocolo de actuación rápida que incluya: la recogida y difusión de datos para la sensibilización social y la elaboración y evaluación de objetivos; medidas de prevención; servicios de atención especializada a las víctimas de violencia sexual sin discriminación alguna; asistencia letrada y tratamiento judicial especializados en términos de enfoque de género. Y hacerlo, conforme al artículo 7 del Convenio de Estambul, escuchando al parlamento, a los organismos de igualdad de las mujeres de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos y a las organizaciones feministas.

4. Exigir una educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas alejada del modelo heteropatriarcal y basada en el respeto a la igualdad y a la diversidad.