Jueces para la Democracia considera «anómala e intencionalidad política» la denuncia Victoria Rosell

Recientemente, JpD ha tenido tenido ocasión de conocer que estos hechos han sido confirmados por las grabaciones originales en poder de la Guardia Civil. A pesar de estas evidencias Salvador Alba ha interpuesto una querella contra Victoria Rosell así como contra la jueza y el letrado de la administración de justicia que han servido en dicho Juzgado con posterioridad a su sustitución.

Por la actuación de Salvador Alba existen unas diligencias informativas ante el Promotor de la Acción Disciplinaria, de las que a pesar del tiempo transcurrido se desconoce su estado, así como un procedimiento penal ante el TSJ de Canarias.

Jueces para la Democracia considera, al igual que en una comunicación pública anterior, «que todas estas circunstancias resultan anómalas y destilan posibles intencionalidades políticas de la peor especie. Consideramos que la función judicial ha de ejercerse con plena independencia e imparcialidad, de forma que cualquier uso torticero de la jurisdicción supone un intenso deterioro de la credibilidad de nuestro sistema judicial. Y los hechos posteriores, que van desde la investigación  de la Fiscalía de Canarias por posible infracción disciplinaria, declarada nula por vulneración de derechos fundamentales mediante la Sentencia del TSJ de Canarias de fecha 7 de marzo de 2016,  hasta la aparición de una trama de intereses creados hacia miembros de la Carrera Judicial con grabaciones de voz incluidas, han confirmado los primeros temores que suscita este asunto».

Nada de lo anterior hubiera sido posible si la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, en materia de sustituciones, hubiera puesto el acento, no tanto en las restricciones presupuestarias y en la necesidad de sustitución interna, sino en la plena garantía de los llamamientos a sustitución bajo los principios de imparcialidad, independencia e inamovilidad. El sistema instaurado por dicha ley se basa en el simple voluntarismo del sustituto ante una vacante en un Juzgado, lo que posibilita el mero traslado de un magistrado a otro órgano judicial con sólo pedirlo y sin evaluar los posibles conflictos de intereses.

Sorprende que un Magistrado de una Sección Penal de la Audiencia Provincial que va a juzgar, por sí o en apelación, asuntos en segundo grado del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas, se apreste a sustituir en ese Juzgado y, más grave aún, que no haya evaluación alguna de la idoneidad, procedencia y oportunidad del nombramiento. La situación llega hasta el paroxismo cuando ese sistema de sustitución ni siquiera previó un plazo de final de sustitución, cuando otras medidas de refuerzo, como la comisión de servicio, sí que lo tienen. Razones de restricciones presupuestarias para evitar las sustituciones externas en ningún caso pueden hacer que las garantías de independencia con que ha llevarse a cabo la función judicial queden relajadas, cuando no disminuidas o incluso suprimidas.

Como dijimos en su día, nuestro Estado de Derecho se pone a prueba cuando se pueden haber atacado sus principios esenciales, pero debe de disponer de los instrumentos necesarios para su reposición. Jueces para la Democracia reclama una mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos administrativo y penal en curso contra el Sr. Alba, con pleno respeto de los principios y garantías a fin de depurar las responsabilidades a que hubiera lugar.