Se suspende el juicio contra nueve personas imputadas por las protestas contra el autobús tránsfobo de «HazteOír» en 2017

Comunicado SOCORRE. Solidaridad Contra la Represión

Esta misma mañana se ha suspendido el juicio que estaba previsto para la semana que viene. 

Debiera haberse celebrado en el juzgado nº12 de lo Penal de Sevilla. Pero ha sido este mismo juzgado el que hace 9 días planteó, en un escrito, las dudas sobre su competencia en este caso.

La acusación particular de HazteOir, que solicita 12 años de cárcel para cada una, incluye entre otros delitos el 510 del CP, conocido comúnmente como de odio, por el que solicitan la pena máxima de 4 años e inhabilitación. Este sería el motivo, la competencia o no de un juzgado ordinario para proceder en este caso.

Tanto la acusación particular como la Fiscalía han solicitado, en consecuencia, que se suba la causa a un tribunal superior y se les ha concedido. Aún no hay fecha, ni se sabe que sala de la Audiencia Provincial acogerá la causa.

En consecuencia se prolonga por tiempo indefinido la «pena de banquillo» que viene sufriendo nuestras compañeras.

Nueve personas se enfrentan a penas de hasta 12 años de prisión por las protestas contra el autobús tránsfobo de HazteOír en Sevilla

La Asamblea de Apoyo a las personas imputadas denuncia que estas 9 personas, que los días 24, 25 y 26 de octubre habrán de sentarse en el banquillo, ya fueron sancionadas económicamente por la aplicación de la Ley Mordaza.

En 2017 la organización de extrema derecha HazteOír fletó el autobús tránsfobo que, bajo el lema «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva«, recorrió buena parte del estado español. Al igual que en otras ciudades, en Sevilla el 29 de marzo su mensaje de odio se encontró con el rechazo de cientos de personas que se manifestaron durante toda la mañana. El punto álgido de la protesta, frente al Palacio San Telmo, culminó con la espantá del autobús mientras policías a caballo, a golpe de porras, dispersaban a la multitud que protestaba contra la iniciativa de la organización ultraderechista.

Por esta concentración, surgida de forma espontánea a través de redes sociales, varias personas fueron denunciadas por delitos de coacciones y daños por parte de HaztOír y, además, fueron sancionadas con multas administrativas por parte de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la cual aplicó para ello la denominada la Ley Mordaza. La causa penal, abierta a instancias de HazteOír, fue archivada por el propio juez. Más tarde, en 2020, cuando la causa se reabrió a petición tanto de HazteOír y como de la Fiscalía, un informe del Grupo V de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Sevilla, atribuyó a las personas imputadas un delito de odio de carácter ideológico.

Para ello, los agentes de la Brigada de Información se basaron en un historial detallado de la trayectoria de cada una de las personas que ahora van a ser juzgadas: publicaciones en redes, participación en movimientos sociales, compromiso en colectivos políticos, etcétera, en el marco de lo que se denomina una investigación prospectiva. Esta práctica, que claramente criminaliza a las personas en función de lo que son y de lo que piensan, y no por aquellos hechos que se les puedan imputar legalmente, ha sido denunciada en diversas ocasiones por diferentes asociaciones. Así lo hizo APDHA, en noviembre de 2020, señalando precisamente esta forma de actuar del Grupo V de la Brigada de Información ante el Defensor del Pueblo y otras instancias.

Si bien las acusaciones por delito de odio fueron posteriormente desestimadas por la Fiscalía, no ha cesado la persecución contra las compañeras. El 24, 25 y 26 de octubre se las volverá a llevar al banquillo. Se trata de un total de 9 personas a las que la fiscalía pide un año y medio de cárcel por desórdenes públicos. Mientras, la acusación particular de la organización ultracatólica solicita hasta 12 años de prisión, incorporando una amalgama de supuestos delitos, entre ellos el de odio y ofensas a su moral. A todo ello se suman nuevas propuestas de sanciones económicas.

HazteOír, que dirige la hegemónica corriente ultracatólica dentro del entramado VOX, representa la cara pública de El Yunque. La relación con esta secta, de ámbito hispanoamericano y que funciona como un lobby dentro de la iglesia católica, consiste en utilizar a HazteOír como altavoz social, tal y como se acreditó judicialmente en 2014. Sus campañas contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y contra toda la comunidad LGTBI son un ejemplo de ello. Así, El Yunque, que reivindica la figura del dictador Franco por su anticomunismo, utiliza a día de hoy la misoginia y la transfobia como estrategias para reagrupar a la extrema derecha.

Transfobia

El Transfobús de 2017 fue sólo un episodio más de la ofensiva reaccionaria, orquestada desde hace años por el ultracatolicismo más rancio, en contra de los derechos conquistados en las últimas décadas por los colectivos LGTBI. El derecho a decidir sobre nuestros deseos y nuestro cuerpo es lo que estaba en juego ese día. Así sigue siendo ahora que se acerca el juicio contra quienes se mojaron entonces y que llevan ya 6 años sufriendo «pena de banquillo».

Desde la Asamblea de Apoyo a las personas imputadas por estos hechos queremos, en primer lugar, mostrarles todo nuestro apoyo ante el acoso policial e institucional que están sufriendo desde hace más de 6 años. Asimismo, queremos manifestar nuestra intención de no ceder frente al chantaje y la persecución del integrismo católico y de la transfobia. Por ello, el próximo 24 de octubre nos concentraremos en los Juzgados ubicados en la Avenida de la Buhaira. Porque, si tocan a una, nos tocan a todas.