IU defenderá en el Pleno «nuevas vías legales para mejorar el acceso al derecho de asilo”

El diputado de Izquierda Unida Miguel Ángel Bustamante ha registrado ya en nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos, como marca el Reglamento del Congreso, el texto de la moción consecuencia de la interpelación urgente que realizó el pasado miércoles al Gobierno sobre la política de asilo que ejecuta éste. Entre otras cuestiones, la iniciativa reclama que el Pleno de la Cámara baja apruebe “la puesta en marcha inmediata de vías legales, eficaces y seguras de acceso al derecho de asilo. En concreto, restablecer la posibilidad de solicitar asilo en todas las embajadas y consulados españoles, y facilitar la concesión de visados humanitarios”.

La moción plantea también la “reubicación y reasentamiento inmediatos de las personas refugiadas a las que España se comprometió en los acuerdos adoptados en 2015 por el Consejo de Europa. Crear un sistema permanente de reasentamiento y reubicación de personas refugiadas provenientes de otros países en España”.

En su interpelación del miércoles, Bustamante puso en evidencia la política de asilo y de protección a las personas migrantes que aplica el Gobierno de Mariano Rajoy. Reprochó directamente al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que el sistema de asilo y acogida en nuestro país “es un desastre”, y denunció la falta de voluntad del Ejecutivo para hacer frente a los procesos de asilo y refugio, cuya ley carece desde 2009 del Reglamento que la desarrolle.

Aunque el diputado de IU por Sevilla arrancó el compromiso del titular de Interior de que el texto que debe desarrollar la Ley de Asilo esté listo para el próximo mes de enero -debía estarlo, al menos, hace seis meses, para una norma aprobada en 2009-, para que no quede ninguna duda la moción incluye también un punto específico en el cual exige “aprobar de forma urgente un Reglamento que desarrolle normativamente la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria”.

De igual forma, y dentro de la amplia batería de propuestas específicas sobre el asilo en nuestro país, la moción que defenderá Bustamante el próximo martes plantea “modificar la Ley de Asilo 12/2009, que recoge diferentes procedimientos y causas de inadmisión/denegación para las solicitudes presentadas en CIE y frontera (art. 21) frente a las de territorio (art. 20) y asegurar que en ningún caso la admisión a trámite se vea condicionada por el lugar en el que se presente la solicitud. Esto actualmente conlleva una considerable y menor admisión a trámite de las solicitudes presentadas en puestos fronterizos y CIE”.

El parlamentario de IU deja muy claro la necesidad de actuar con urgencia sobre esta cuestión y pone sobre la mesa cifras dramáticas y totalmente actuales: “2015 ha sido el año con más refugiados y refugiadas desde la II Guerra Mundial, más de 60 millones de personas. El Mediterráneo se ha convertido en la mayor fosa común del planeta, con cerca de 30.000 muertos en los últimos 15 años. En lo que va de 2016 han muerto en este mar alrededor de 4.700 personas”, apunta. 

Además, Bustamante recalca que frente a la desinformación interesada que se practica desde algunos ámbitos para predisponer contra la toma de medidas favorables para las personas migrantes, incluido el PP y el Gobierno de Rajoy, “nuestro país sólo recibe alrededor del 1% de las solicitudes de asilo de la UE, cifradas éstas en 1.250.000 en 2015. Las 14.600 peticiones de asilo registradas en España en 2015 contrastan con los 441.000 de Alemania, los más de 70.000 de Francia o los más de 80.000 de Italia. De 3.240 resoluciones cursadas por las autoridades españolas en 2015, tan sólo se resolvieron positivamente 1.020, lo que supone un 31% según datos de Eurostat. Es una de las tasas de reconocimiento más bajas de la UE, por debajo de países como la República Checa (34%) y no digamos de Alemania (57%), Austria (71%), Suecia (72%) o Países Bajos (80%)”. 

A la demoledora evidencia de las cifras, Miguel Ángel Bustamante expone también cómo se afronta a día de hoy a nivel administrativo este delicado y complejo tema. Así, constata la “falta de voluntad política del Gobierno” para abordarlo, que se puede ilustrar en el hecho de que es una subdirección general, considerada Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior, quien dirige la política de asilo en nuestro país. Un tema crucial como éste merece una posición a todas luces superior”. 

Recuerda también cómo “la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, dirigida por la Vicepresidencia del Gobierno, y que coordina los ministerios implicados en el asilo, no cuenta con reglamento específico y sus 5 miembros no tienen por qué contar con formación específica en temas de protección internacional”.

Además, en virtud del acuerdo de la UE de septiembre de 2015, “España debería haber acogido a 17.000 refugiados en septiembre de 2017, cerca de 16.000 reubicados y cerca de 1.500 personas reasentadas. Hasta el momento, tal y como ha denunciado la propia Defensora del Pueblo, sólo han llegado 687 personas refugiadas a nuestro país, 398 reubicadas y 289 reasentadas. Tal y como denuncia CEAR, España ocupa el puesto 11º en el ranking europeo de cumplimiento de este acuerdo, de momento muy lejos de cumplirse”.

A CONTINUACIÓN SE INCLUYEN TODAS Y CADA UNA DE LAS PROPUESTAS CONCRETAS INCLUIDAS EN LA MOCIÓN QUE EL DIPUTADO DE IU DEFENSERÁ EN EL PLENO DEL CONGRESO LA PRÓXIMA SEMANA:

 “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:

·         La puesta en marcha inmediata de vías legales, eficaces y seguras de acceso al derecho de asilo. En concreto, restablecer la posibilidad de solicitar asilo en todas las embajadas y consulados españolas y facilitar la concesión de visados humanitarios. 

·         La reubicación y reasentamiento inmediatos de las personas refugiadas a las que España se comprometió en los acuerdos adoptados en 2015 por el Consejo de Europa. Crear un sistema permanente de reasentamiento y reubicación de personas refugiadas provenientes de otros países en España. 

·         Instar a la Unión Europea a modificar los criterios aplicados en la oferta de los programas de reubicación, permitiendo a las personas refugiadas elegir, al menos, el país de la Unión Europea en el que van a ser reubicados

·         Elevar el rango administrativo de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). 

·         Mejorar sustancialmente el sistema de examen de las solicitudes de asilo estableciendo criterios más flexibles y reduciendo los tiempos de tramitación.

·         Establecer un amplio proceso de contratación de personal especializado, de intérpretes y de trabajadores sociales, en la OAR para cubrir las demandas crecientes de asilo que está afrontando la UE. Garantizar contratos dignos y fijos en la OAR. 

.         Renovar el sistema informático de la OAR. 

·         Facilitar y garantizar la asistencia letrada a todo solicitante de asilo. 

·         Garantizar que las entrevistas a las personas solicitantes de asilo las realice personal especializado, con amplia formación específica a la hora de colectivos vulnerables, y que en ningún caso se permita realizar estas entrevistas a personal policial que ha de ocuparse de otras funciones. 

·         Modificar la actual política de la OAR por la que se inadmiten las solicitudes de asilo de las mujeres víctimas de trata derivando sus casos a la aplicación del artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, que condiciona la protección internacional a la colaboración de la víctima con las autoridades en la desarticulación de la red de trata, lo que supone una clara vulneración de su derecho a la protección internacional y una puesta en peligro de su vida y su integridad física. 

·         Adoptar un reglamento específico de funcionamiento para la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, así como exigir formación específica en temas de protección internacional a sus componentes. 

·         Modificar la Ley de Asilo 12/2009, que recoge diferentes procedimientos y causas de inadmisión/denegación para las solicitudes presentadas en CIE y frontera (Art. 21) frente a las de territorio (art. 20) y asegurar que en ningún caso la admisión a trámite se vea condicionada por el lugar en el que se presente la solicitud. Esto actualmente conlleva una considerable y menor admisión a trámite de las solicitudes presentadas en puestos fronterizos y CIE. 

·         Eliminar la exigencia del visado de tránsito por parte de España para aquellas personas que proceden de países en conflicto. En especial, suprimir inmediatamente la exigencia de visado de tránsito aeroportuario impuesto en 2011 a personas de nacionalidad siria. 

·         Aprobar de forma urgente un Reglamento que desarrolle normativamente la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

·         Agilizar la tramitación de los procedimientos de reunificación familiar y concesión de extensiones de asilo o autorizaciones de residencia por esta vía que garanticen los derechos básicos de las personas reagrupadas, incluido el derecho a la salud. Flexibilizar los criterios para la reunificación familiar y la extensión de asilo.

·         Implementar acciones concretas para mejorar la protección de los menores refugiados como acabar con la detención de niños migrantes, mantener unidas a las familias para proteger a los menores, garantizar su atención individualizada por instructores especializados, o garantizar la asistencia letrada y el acceso a la educación a todos ellos. 

·         Poner fin a las devoluciones de personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla. 

·         Mejorar sustancialmente las condiciones de acogida de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) situados en Ceuta y Melilla, eliminar su carácter policial, y establecer por norma en 15 días el tiempo máximo de estancia en dichos centros, agilizando los traslados a la Península. 

·         Posibilitar y fomentar la participación activa de otras administraciones en materia de asilo. Establecer protocolos de cofinanciación para que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos que ya han mostrado su predisposición y capacidad de reacción ante la crisis, puedan gestionar los fondos procedentes de la UE para la acogida de personas refugiadas. 

·         Retirar el apoyo de España al acuerdo entre la UE y Turquía, procediendo de forma inmediata a la suspensión de su aplicación y a su impugnación ante las vías existentes al efecto. 

·         Trabajar en la adopción de un sistema europeo común de asilo que garantice de manera efectiva el derecho de asilo. 

·         Derogar el Reglamento de Dublín en el marco de la construcción de un auténtico sistema común europeo de asilo, de modo que responda adecuadamente al volumen de la demanda, suponga un reparto de responsabilidades sostenible y garantice una tramitación ágil.

·         Promover una política exterior española y de la UE que, en un marco de coherencia de políticas, contribuya a atajar las distintas causas internas, regionales e internacionales que generan violaciones de derechos humanos en los países de origen o tránsito. Una política exterior que no priorice los intereses geopolíticos, defensivos o económicos sobre otros asuntos, y que ponga en el centro la promoción de los derechos humanos, la equidad de género, la democracia, el desarrollo inclusivo y sostenible en esos países y la solidaridad entre los pueblos.