El Gobierno impide al personal de Justicia acercarse a sus familias o lugares de origen al congelar miles de puestos del concurso de traslados

CCOO exige al Ministerio de Justicia la convocatoria inmediata del concurso de traslados con todas las plazas vacantes, sin ninguna excepción, reforzando con los medios personales que sean precisos la agilización de su resolución en el plazo de tres meses, antes de la implantación de la Ley de Eficiencia. Así evitaría que el incumplimiento de la legalidad en la que el propio Ministerio ha incurrido provoque un perjuicio injusto e innecesario en los derechos del personal afectado.

Según establece el Real Decreto 1451/2005 que aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, el concurso de traslados anual debe convocarse en el primer trimestre de cada año y, a día de hoy, nueve meses después, aún no ha sido convocado, lo que supone un incumplimiento de la legalidad que se viene repitiendo desde hace años. Esta situación ha sido denunciada por CCOO en varias ocasiones ante el Defensor del Pueblo. El Ministerio alega siempre falta de personal para convocar el concurso en los plazos legales establecidos.

Amparado en esta incompetencia y negligencia, el departamento que dirige Félix Bolaños ha decidido este año eliminar del concurso las plazas de 315 partidos judiciales, en concreto, los afectados por la primera fase de implantación de los Tribunales de Instancia (prevista para el 1 de julio de 2025) fruto de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que, presumiblemente, se va a aprobar esta misma semana en el Congreso.

CCOO denuncia que la dejadez con la que el Ministerio de Justicia viene gestionando todas y cada una de las cuestiones que atañen al personal de la Administración de Justicia han tocado techo con una decisión arbitraria e injustificada, que esta vez cercena los derechos más básicos de las y los trabajadores de Justicia: la de poder regresar a sus ciudades de origen o reunirse con sus familias mediante el concurso de traslados. Ahora, con un retraso de 9 meses en la convocatoria de ese concurso, Félix Bolaños pretende convocarlo eliminando las plazas de 315 partidos judiciales (la mayoría de los que hay en todo el territorio español, que suma un total de 430).

Tras incumplir sus obligaciones y plazos legales, y antes de que incluso se apruebe una Ley que va a afectar drásticamente a los derechos y condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia, el ministro Bolaños no tiene ningún reparo en hacer pagar a sus trabajadores/as su incompetencia, vulnerando su derecho a optar a las plazas de todos y cada uno de los territorios y partidos judiciales, con el pretexto de que los procesos de acoplamiento de los partidos judiciales afectados por la primera fase de implantación de la Ley de Eficiencia  coincidirían con la resolución del concurso de traslados.

CCOO ha exigido al Ministerio una rectificación inmediata, junto a multitud de trabajadores y trabajadoras que han recurrido esta decisión arbitraria. Desde CCOO, hemos aportado varias soluciones, y el ministro Bolaños, que es el principal responsable de este problema que ha causado su propio Ministerio, tiene la obligación de dar una respuesta que garantice los derechos del personal de Justicia.

Además del refuerzo de personal para convocar y resolver el concurso sin exclusión de plazas en el plazo de tres meses, la otra alternativa factible que CCOO ha planteado es aplazar unos meses la implantación de la nueva oficina judicial, tal como prevé el propio texto de la Ley de Eficiencia, para que dé tiempo a resolver el concurso de traslados y no se solape con la primera fase de la implementación de la norma.

CCOO exige al ministro Bolaños que adopte una solución que no pase por vulnerar los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y advertimos de que, si no lo hace, no será por falta de alternativas, sino de voluntad y de escrúpulos, después de que su negligente gestión haya generado este problema.