Unidos Podemos presenta una PL para la rehabilitación de diversas penas y sanciones disciplinarias que sufrieron guardias civiles por el hecho de reivindicar el derecho fundamental de asociación profesional

El 17 de diciembre de 1976, 400 guardias civiles y miembros de la Policía Armada se manifestaron frente a las instalaciones del Ministerio de Gobernación y protestaban por no tener acceso a la Seguridad Social a pesar de ser trabajadores del Estado. La respuesta no se hizo esperar: 200 detenidos, 50 expulsados, consejos de guerra, traslados forzosos para decenas de agentes que participaron en los hechos. En muchas unidades, y en concreto en el cuartel de Batalla del Salado en Madrid, donde se fraguó la protesta, se prohibió hacer cualquier tipo de comentario en apoyo a los detenidos y sobre los motivos de la manifestación, lo que costó mas de un arresto.

Las movilizaciones resurgieron a principios de los 80 y esta vez, al menos para los policías, resultaron imparables. Mediante leyes y victorias judiciales consiguieron ser considerados un cuerpo civil y constituyeron el Sindicato Unificado de Policía en 1984.

Más adelante, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, supuso el reconocimiento del ejercicio del derecho de asociación profesional a los miembros de la Guardia Civil.

No obstante, la citada Ley Orgánica no recogió la posibilidad de rehabilitación plena de aquellos guardias civiles que lucharon por los derechos fundamentales y las libertades públicas de los miembros de la Guardia Civil.