Adenex y Ecologistas en Acción ya solo esperan la resolución que decrete la restauración ecológica de la isla de Valdecañas
- Las tres sentencias que acaba de dictar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirman la nulidad de las autorizaciones administrativas dictadas tras la modificación de la Ley del Suelo de Extremadura.
- Estas homologaciones trataban de dar cobertura a un proyecto de urbanización que pocas semanas antes había sido declarado no ajustado a Derecho.
- Las dos asociaciones ecologistas, que vienen solicitando desde hace años la restauración de la isla de Valdecañas, ven cada vez más cerca el final de esta aberración urbanística construida de forma ilegal en un terreno de especial protección, incluido en la Red Natura 2000.
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura da una vez más la razón a Ecologistas en Acción y ADENEX en sus recursos frente a la homologación del Proyecto de Interés Regional Marina Isla Valdecañas, y el Plan General del El Gordo, en sus 3 sentencias de fecha 18-2-2020.
Las tres sentencias repiten y copian textualmente los fundamentos de las dos sentencias anteriores del Tribunal sobre el carácter no urbanizable de la Red Natura 2000, así como de cualquier espacio que albergue valores ambientales dignos de protección, aunque dichos valores no estén amparados por una figura concreta. Al mismo tiempo, recuerdan la estricta normativa de protección de la Red Natura 2000 en la legislación nacional, comunitaria y autonómica, que obliga no solo a proteger estos espacios, sino a mejorarlos y ampliarlos. Es más, recuerda el Tribunal que urbanizar estos espacios es lo mismo que reducirlos o excluirlos de la red, lo cual se ha de hacer mediante el procedimiento específico que dicha normativa contempla, que la Junta de Extremadura no ha seguido.
Las tres sentencias no aportan argumentos nuevos que no estuvieran ya en sus sentencias de 9 de marzo del 2011, o en las del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2014, e incluso la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de noviembre de 2019, todas ellas referidas al complejo urbanístico de Valdecañas. También es relevante que rechaza la sugerencia de la Junta de Extremadura de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, toda vez que la normativa europea es plenamente concordante con la nacional y no ofrece dudas sobre su aplicación.
Las sentencias nos recuerdan que en 2011, cuando se anuló el PIR, fue por “la falta de motivación de la justificación de interés regional, de la utilidad pública y de la protección medioambiental, la vulneración de la prohibición de reclasificar un terreno clasificado por el planeamiento urbanístico como no urbanizable de especial protección y por incurrir el estudio de impacto ambiental en una causa de nulidad al no haber incluido un estudio de alternativas que permitan un contraste entre la solución adoptada y aquellas que pudieran ser menos trascendentes para la protección de los espacios en que se ubica el proyecto”. Y todos estos aspectos “continúan vigentes y afectan a la actuación administrativa impugnada”. Es decir, el PIR de Valdecañas no es solo nulo por una mera interpretación de si la Red Natura 2000 es o no urbanizable, sino por otros motivos que, a nuestro entender, ponen de manifiesto una actuación más que irresponsable y arbitraria de la Administración en la aprobación de este proyecto, que debería comportar la exigencia de responsabilidad personal de los responsables de este despropósito.
Por último nos señala que la ejecución de las tres sentencias se realizará en la misma forma que se determine en el procedimiento de Ejecución Definitiva 17/2014, que está pendiente de estudio y resolución y esperamos conocer en fechas próximas.
Tras la contundente y persistente sucesión de sentencias en todas las instancias judiciales, Adenex y Ecologistas en Acción sólo esperan la resolución que decrete el desmantelamiento de la urbanización Isla Valdecañas y la exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas a los políticos que la promovieron a sabiendas de su ilegalidad. La sociedad extremeña no se merece más dilaciones en la aplicación de la ley.