El Congreso debate mañana la iniciativa de Unidos Podemos sobre la eutanasia para “legalizar la práctica de este derecho y garantizar su acceso en todo el Estado”

El Pleno del Congreso de los Diputados debate mañana por la tarde la proposición de ley orgánica registrada en enero pasado por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos sobre la eutanasia. Eva García Sempere, diputada de Izquierda Unida y una de las impulsoras dentro del grupo confederal de la redacción definitiva de esta iniciativa, confía en que haya una “mayoría significativa” de diputado/as que permita la toma en consideración de una propuesta que plantea “legalizar la eutanasia y garantizar el acceso a lo que debe ser un derecho en todo el territorio del Estado a aquellas personas que la soliciten”.

García Sempere considera que “como no podía ser de otra manera, una vez solventada la toma en consideración, cualquier grupo podrá concretar sus diferencias y sensibilidades a través de las enmiendas que estimen necesario presentar a lo largo de la tramitación parlamentaria y contribuir así a mejorar esta importante propuesta legal, largamente demandada tanto a nivel social como desde los profesionales médicos”.

Esta diputada ha sido la encargada desde el pasado otoño de dar forma al texto de la proposición de ley orgánica, así como de mantener los imprescindibles contactos específicos con organizaciones, representantes de grupos afectados y portavoces profesionales. En esta labor se implicaron también otras parlamentarias del grupo confederal como Marta Sibina y Ángela Rodríguez, con quienes finalmente registró y expuso públicamente el contenido de la iniciativa el 18 de enero pasado.

Entre las propuestas más destacadas que se plantean la parlamentaria de IU por Málaga destaca que “serán los médicos o psicólogos los encargados de elaborar los informes pertinentes para aprobar o denegar la solicitud de cada persona sobre la eutanasia”. Ésta tendrá que hacerse por escrito, en un documento firmado por el paciente en presencia del médico responsable, repitiéndose de manera general en, al menos, dos ocasiones con una separación de 15 días. Sólo si el facultativo que se ocupa del caso entiende que son inminentes la muerte de la persona o la pérdida de capacidad para expresar su consentimiento se aceptará un periodo inferior a esas dos semanas.

La iniciativa ofrece todas las garantías para que el demandante pueda revocar su solicitud en cualquier momento. Tanto el documento de petición como de la posible revocación serán adjuntados a la historia clínica del paciente. Se especifica que, en cualquier circunstancia, la causa de la muerte a todos los efectos legales y burocráticos “será por causas naturales”.

Eva García Sempere recuerda que hasta hoy se ha penalizado a los profesionales de la medicina que tengan cualquier relación con un proceso de muerte asistida. De ahí las modificaciones pertinentes en el Código Penal que se incluyen en esta nueva propuesta para acabar con ello, además del desarrollo normativo para que todo profesional que quiera tenga también derecho a objetar de esta práctica. No obstante, los servicios sanitarios públicos garantizarán el derecho del paciente a solicitar la eutanasia si la evaluación de su caso es positiva.

Se contempla también la posibilidad de que si un paciente está a cargo de un médico que haya objetado, este profesional “tendrá que ofrecer los servicios de otro equipo médico” que sí esté de acuerdo con esta práctica.

La proposición de ley orgánica recoge que podrán solicitar lo que se considera como un derecho los pacientes “mayores de 18 años o menores emancipados” que padezcan una enfermedad terminal “sin esperanza”, así como dolores físicos o psíquicos “intolerables”.

La diputada de Izquierda Unida detalla que el texto tiene también muy en cuenta los mecanismos para que su contenido final pueda trasladarse a las comunidades autónomas. Algunas de ellas, con Andalucía a la cabeza, han desarrollado leyes específicas sobre esta materia, además de disponer de sus propias competencias sanitarias, por lo que desde Unidos Podemos se ha extremado el cuidado de la redacción para evitar cualquier problema en el ámbito competencial.

El texto que se presenta mañana a debate establece así la creación de dos comisiones, una autonómica y otra estatal. La primera será un órgano consultivo y de asesoramiento para las consejerías y realizará un informe anual para controlar el cumplimiento de la norma en las comunidades. La segunda recogerá los documentos autonómicos anuales, que tendrán validez para hacer un estudio completo de la situación de la eutanasia a nivel estatal.