Verdes Equo pide al Gobierno que controle el tráfico de residuos internacionales procedentes de organizaciones delictivas

Verdes Equo, a través de su Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados firmada por Eloi Badia i Casas, en la que insta al Ministerio de Transición ecológica y Reto Demográfico a controlar el tráfico de residuos procedentes de organizaciones delictivas internacionales, para evitar la contaminación ambiental y riesgo de accidentes.  El grave accidente ocurrido en el vertedero de la localidad vizcaína de Zaldívar el 6 de febrero de 2020, en el que murieron dos operarios, demostró la presencia de residuos industriales en nuestro país, tanto peligrosos como no peligrosos, importados de forma ilegal.  El partido verde denuncia que las redes mafiosas de los residuos se benefician de tasas de depósito en vertedero mucho más bajas en España, lo que la convierte en un atractivo destino de residuos de terceros países.

La formación ecologista denuncia también grandes diferencias entre las tasas regionales que hay que sumar a la tasa estatal, lo que ha creado un “dumping” de residuos, desde las comunidades que más gravan el vertido de residuos hacia las que menos, con el caso llamativo de Castilla-La Mancha, donde no existe tramo autonómico.

A raíz del accidente de Zaldívar se han sucedido varias operaciones policiales desmantelando tramas ilegales de importación de residuos, procedentes, sobre todo, de Francia e Italia. La última, la “operación Rifiuti”, el pasado 14 de enero, implica a la cúpula de un conocido grupo empresarial, cuya matriz cotiza en bolsa, que opera en varios países de Europa e Hispanoamérica.

En este caso, el Ministerio del Interior ha desvelado que el origen de estos residuos es Italia (con presunta participación de la Camorra y la ‘Ndangreta) y su destino un vertedero de Riba Roja D´Ebre (Tarragona) y otro de Almonacid del Marquesado (Cuenca), propiedad del mismo grupo empresarial. Este último es el macrovertedero privado más grande de España y, según Ecologistas en Acción, hasta él están llegando residuos peligrosos, por lo que han solicitado su clausura.

Además, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, al que pertenece Verdes Equo, sostiene que la red vinculada a la “Operación Rifiuti” extiende sus tentáculos en las diferentes administraciones implicadas en la gestión de residuos. Es decir, estas organizaciones delictivas se amparan en redes de corrupción política, indispensables para conseguir sus objetivos delictivos.

Para la coportavoz de Verdes Equo Mar González, «que organizaciones mafiosas como la Camorra napolitana y la ‘Ndrangheta calabresa tengan una fuente de ingresos importantes a través del tráfico ilícito de residuos es muy grave. No solo por su impacto negativo en la salud y el medio ambiente, sino también en la seguridad ciudadana, ya que puede incrementar otras actividades delictivas como el tráfico de drogas o la trata de personas».  “L as enormes diferencias de las tasas, en función de los países y de las comunidades autónomas y la falta de control se han convertido en un gran negocio el tráfico ilegal de residuos en España y tenemos que acabar con él”, ha añadido González.  Por todo ello, Verdes Equo ha preguntado al Gobierno:

. ¿Qué medidas planea implementar ese Ministerio para mejorar el control administrativo de la gestión y tráfico internacional de los residuos , así como para incrementar la colaboración y coordinación con la Guardia Civil, la Policía Nacional y Europol?

·  ¿Cómo piensa luchar para prevenir y sancionar la corrupción vinculada con el tráfico internacional de residuos?

·       ¿Qué herramientas se impulsarán para reforzar la transparencia, en el transporte y gestión de los residuos industriales tanto peligrosos como no peligrosos en las administraciones central, autonómica y local?

. ¿Qué plantea ese Ministerio, desde la fiscalidad verde, para desincentivar el transporte de residuos de terceros países a España?

. ¿Cuándo y cómo se procederá a armonizar la fiscalidad de los residuos en las diferentes autonomías, para impedir el continuo trasiego de residuos de unas comunidades a otras (“dumping” de residuos) y así poner en práctica el principio de “autosuficiencia y proximidad” que se refleja en el Artículo 31.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Foto: Mar González (Coportavoz de Verdes Equo), junto a Eloi Badía (diputado de Comuns en el Congreso, izda.) y Carlos Villena (Ecologistas en Acción Cuenca, dcha).