La descarbonización del transporte sigue siendo un deber tras la COVID-19

Las peticiones de ayuda a las administraciones públicas son una constante en esta industria y no algo surgido tras la pandemia de la COVID-19. De hecho, antes de la crisis, el pasado 2 de marzo ANFAC se reunió con el presidente del Gobierno para demandar 54.000 millones en inversiones de dinero público para el sector.

 

Ante estas demandas de ANFAC, Ecologistas en Acción ha enviado una carta a las ministras de Transición Ecológica e Industria advirtiendo de que este es es el peor momento para ofrecer un plan renove para vehículos.

 

Según la organización ecologista, los fondos públicos deben ser utilizados ahora más que nunca para proteger a las personas y mejorar el sistema sanitario, y no a subvencionar la industrial del automóvil. Además, los planes renove no ayudan a mejorar la contaminación ni a reducir emisiones de CO2.

 

Por otro lado,  la asociación de fabricantes europeos ACEA, de la que ANFAC es parte, ha solicitado que se relajen los objetivos de reducción de emisiones medias de CO2 en los coches nuevos vendidos este año, que deberían lograr una media de 95 gCO2/km. La petición se ha realizado mediante una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen el pasado 25 de marzo. Una petición que, de cumplirse, pondría en serio peligro el objetivo de descarbonización del transporte en 2050.

 

Ecologistas en Acción insiste al Gobierno en su misiva que afrontar la crisis económica derivada de la COVID-19 no debe suponer ninguna merma en los objetivos climáticos. Según Nuria Blázquez, coordinadora de Transporte de la organización, “retrasar el cumplimiento de los compromisos climáticos no puede ser una opción. Hay que recordar que el sector del transporte supuso el 27 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el Estado español en 2018. En particular, los coches son la principal fuente de emisiones GEI dentro del sector y suponen 60 % de las emisiones del transporte”.

 

Lo que la industria necesita- afirma Blázquez- es una presión mayor para que cumpla con esos objetivos y evitar multas millonarias, ya que los coches nuevos vendidos en España han aumentado las emisiones medias de CO2 desde 2016. Estas han pasado de 113 gCO2/km en 2016 a 119 en 2019, según los datos de la Agencia Tributaria, un indicativo de que la industria no está haciendo su trabajo.

 

Ecologistas en Acción muestra en su informe ‘SUV contra el clima’ la existencia de una clara relación entre este incremento de emisiones y el protagonismo que están teniendo los SUV en las ventas en los últimos años, que ya alcanzan el 46 % de la tasa de mercado. Ese hecho también ha sido reconocido por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

 

Asimismo, la organización ecologista recuerda que es previsible que la crisis económica derivada de la COVID-19 lleve a una disminución en las emisiones medias de los coches nuevos. Este fenómeno se observó en 2009 tras la anterior crisis, cuando se dio una bajada de un 5 % en las emisiones de CO2 de los coches nuevos vendidos. Este patrón se debió a un cambio de comportamiento en el mercado, al priorizar los compradores los modelos de menor coste, más pequeños y menos potentes, que son a su vez menos emisores. En la actualidad, hay al menos 35 modelos de vehículos pequeños y medianos que están por debajo del objetivo de 95 g/km en el mercado.

 

Por último, la carta recuerda que la propia industria del automóvil maneja escenarios en los que se produce una importante reducción en el número de vehículos privados, por lo que su decrecimiento se producirá tarde o temprano. No tiene sentido retrasar este proceso cuando apenas disponemos de tiempo para poner en práctica estos cambios necesarios. El momento de iniciar la reconversión de la industria del automóvil es ahora.

 

“El Gobierno no debe aceptar chantajes de una industria que ha protagonizado escándalos recientes como el del dieselgate, con graves consecuencias para la salud de la ciudadanía. Debe velar por sus trabajadores, pero iniciando un proceso de reconversión justa y urgente hacia actividades económicas que pongan la vida en el centro” ha enfatizado Blázquez.