FACUA Euskadi insta al Gobierno Vasco a solventar la situación de colapso de los tribunales
- La situación de sobrecarga está provocando una elevada saturación en los juzgados especializados en temas hipotecarios, entre otros.
FACUA Euskadi se ha dirigido a la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco para instarle a que tome las medidas que sean necesarias para solventar la situación de colapso que aqueja a los tribunales de la comunidad autónoma.
La asociación ha tenido conocimiento de la saturación generalizada que viven los juzgados del País Vasco. Tal y como han señalado medios de comunicación de la zona, la tasa de congestión ha aumentado tan sólo en Gipuzkoa un 28% desde 2019. Esta situación también está siendo denunciada por los propios profesionales, que ponen de manifiesto una sobrecarga de trabajo que afecta especialmente a las jurisdicciones civil y penal.
En relación a la primera, esta situación de colapso está provocando importantes retrasos, entre otros, en las reclamaciones que se formulan en materia de cláusulas hipotecarias, saturando los juzgados especializados en la materia y la dilatación de los procedimientos judiciales.
En la jurisdicción penal, el incremento de la criminalidad está llevando al colapso de los juzgados penales, lo que se está traduciendo en el retraso del enjuiciamiento de estos procedimientos y, por tanto, en el «debilitamiento» de los medios de prueba como, por ejemplo, las propias declaraciones de los testigos.
En este sentido, FACUA Euskadi recuerda que la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco recoge en su artículo 35 como competencia de la comunidad autónoma, dentro de su territorio, «la provisión del personal al servicio de la Administración de Justicia y de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento, en los mismos términos en que se reserve tal facultad al Gobierno en la Ley Orgánica del Poder Judicial».
Por todo ello, la asociación insta a la Dirección de justicia del Gobierno Vasco a que acometa las medidas que se requieran para solucionar la situación de saturación que sufren los tribunales de la comunidad autónoma, en aras de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.
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