La contaminación atmosférica aumenta en 2017 con la «recuperación»

   – El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación establecido por la Unión Europea. De acuerdo con esos niveles, el aire contaminado afectó en 2017 a 45 millones de personas en el Estado español, el 97 % de su población, así como a 442.000 kilómetros cuadrados, el 88 % del territorio.

–  Si se toman los estándares de la normativa española y europea, más laxos que las recomendaciones de la OMS, la población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de 17,5 millones de personas, un 38 % del total y medio millón de afectados más respecto a 2016. Es decir, dos de cada cinco españoles respiraron aire que infringe los límites que marca la ley. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanzó 296.000 km², un 59 % del Estado y 40.000 km² más que en 2016.

–  Las elevadas temperaturas y la prolongada sequía han incrementado los episodios de contaminación. El fuerte calor primaveral y estival explica que los niveles de ozono hayan aumentado significativamente en 2017 en buena parte del Estado español. La estabilidad y sequedad del otoño ha favorecido episodios de contaminación urbana por NO₂ y partículas, como el prolongado entre el 15 y el 25 de noviembre pasados. El cambio climático retroalimenta la contaminación atmosférica, pero no es su causa sino su consecuencia.    

– La principal fuente de contaminación en áreas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la población, es el tráfico rodado. En ciertas áreas fabriles y en el entorno de las grandes centrales térmicas de carbón y otros combustibles fósiles son estas fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire. El transporte marítimo tiene gran repercusión en la calidad del aire de las regiones litorales y del entorno de puertos como los de Alicante, Almería, A Coruña, Avilés, Barcelona, Cartagena, Gijón, Santander o Tarragona.

–  Las partículas (PM₁₀ y PM_2,5), el dióxido de nitrógeno (NO₂) y el dióxido de azufre (SO₂) en el aire afectaron a cuatro quintas partes de la población del Estado. Siguen, por tanto, siendo una seria amenaza para la salud. Las áreas de Algeciras, Avilés, Bailén, Barcelona, Bilbao, A Coruña, Gijón, Granada, Madrid, Marbella, Murcia, Puertollano, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Talavera de la Reina y Villanueva del Arzobispo, y la mayor parte de Canarias, superaron en 2017 los límites legales para alguno de estos contaminantes.    

– El ozono es el contaminante que presentó una mayor extensión y afección a la población, con unos niveles que se han mantenido estacionarios o incluso al alza, debido al incremento de las temperaturas medias y de las olas de calor durante la primavera y el verano. De manera que la mayor parte de la población y el territorio españoles han seguido expuestos a concentraciones de ozono perjudiciales para la salud humana y vegetal.

– El cambio de ciclo económico ha conllevado un aumento de la quema de combustibles fósiles en el transporte, la industria y la producción de electricidad, con el consumo energético en los niveles del inicio de la crisis y las energías renovables en su peor situación de la última década. El aumento de la contaminación del aire en 2017 es consecuencia en primera instancia de la nueva coyuntura económica, alertando de un cambio general de tendencia tras años de reducción de los contaminantes clásicos.

– La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden. Cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). La información a la ciudadanía no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y los Planes de Acción a corto plazo para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en muchos casos no existen, y en otros son inefectivos por falta de voluntad política. El Plan Aire II del Gobierno Central no es más que un documento de buenas intenciones, sin rango legal, ni mecanismos eficaces, ni financiación. Evita además abordar el problema del exceso de ozono, negligencia administrativa que Ecologistas en Acción ha llevado a la Audiencia Nacional.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además dar facilidades a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón, recuperando los apoyos a las energías renovables y penalizando el diésel y la incineración de residuos. Por último, Ecologistas en Acción pide al nuevo Gobierno que promueva un área de control de las emisiones del transporte marítimo en todas las aguas europeas, regulación que desde el 2015 ya existe en el Báltico y el Mar del Norte.