León en Común no ve viable el proyecto urbanístico de La Granja

Según un informe del Procurador del Común de junio de 2013, una de cada tres viviendas de León está vacía, situándonos como la séptima provincia de España con mayor porcentaje de residencias sin habitar. Además, parece evidente que, en una ciudad que pierde población y con otra gran superficie prácticamente vacía en Eras de Renueva, no tiene sentido proyectar un nuevo complejo. Para justificar su viabilidad se han lanzado desde sus promotores, tanto políticos como privados, una serie de falacias que conviene analizar.

La que más se repite, sin duda, es la que dice que se generarán 260 empleos. Esta teoría cortoplacista no se cumple si se profundiza un poco en la cuestión. Si la población no tiene mayor capacidad de consumo, lo que se consigue al sumar una nueva gran superficie a la ciudad es que la gente deje de comprar donde lo ha hecho hasta ahora para consumir en el centro comercial. No se genera consumo, se cambia de sitio.

De esta forma, lejos de aumentar los puestos de trabajo disponibles, lo que ocurre es que otras tiendas quiebran al ver reducido su negocio. Esta conclusión se ceba especialmente con el pequeño comercio local, que no puede competir con las grandes cadenas y se ve obligado a echar el cierre.

Por tanto, el efecto real sobre el empleo es que dejamos en el paro a las autónomas y autónomos que regentan el pequeño comercio y a sus trabajadoras y trabajadores. Se concluye pues que, lejos de crearse empleo, se destruye en las PYMES para ser sustituido por empleo precario y mal pagado en las grandes cadenas. Un clavo más en el ataúd del pequeño comercio.

En cuanto a las 1700 viviendas que se anuncia que se pueden llegar a construir, lo único que se puede decir es que choca con la realidad del mercado inmobiliario. Desde luego no creemos que el volumen final de nuevas casas no será tan alto como el que se anticipa. Con una de cada tres viviendas vacías, resulta difícil imaginar cómo va a absorber el mercado este volumen de nuevas residencias, que es, a todas luces, absolutamente innecesario.

Responde pues el plan al modelo de desarrollo económico, el del pelotazo urbanístico, que se fomenta desde las instituciones gobernadas por el Partido Popular. Modelo cuya principal característica es su absoluta insostenibilidad. No nos referimos sólo a que una nueva burbuja inmobiliaria no es la solución a los problemas de paro que sufre España, sino a la huella ecológica irreparable que deja la especulación urbanística allí donde se da. Desde luego, nos parece mucho más sensato aprovechar lo que ya está construido, las viviendas vacías, que lo que se plantea.

En ningún caso, por supuesto, se aprecia ningún atisbo de iniciativa social, aunque se anuncie que el 50% de los pisos que se podrían construir se subvencionarían como Vivienda de Protección Oficial (VPO). En ningún caso esta subvención serviría para facilitar el acceso a la vivienda para quienes no pueden permitírsela, cuestión que sólo puede resolverse con el alquiler social, sino que es una medida únicamente encaminada a que la empresa constructora pueda vender unos pisos que en el mercado general no tendrían salida a un precio inferior. Si de verdad se buscara facilitar el acceso a la vivienda, es mucho más lógico y eficiente para las arcas públicas utilizar las viviendas vacías propiedad de los bancos y, sobre todo, del SAREB, ya que sus inmuebles han sido comprados con dinero público.

Otra consecuencia de la urbanización que hay que tener en cuenta, es el mantenimiento posterior del nuevo barrio. Urbanizar un terreno que ahora mismo son campos supone un gasto futuro para las arcas públicas del Ayuntamiento en limpieza, alumbrado, recogida de basuras y demás servicios públicos que tendrán que intervenir en el nuevo barrio. Un ejemplo claro que tenemos en León son los barrios a medio urbanizar que tiene la ciudad, como el de La Lastra o Ventas Oeste, los cuales, además, se encuentran de abandono.

Por último, si por nosotras y nosotros fuera, el dinero público que se despilfarra en este y en otros grandes proyectos urbanísticos estaría mucho mejor utilizado si se destinara a reindustrializar la provincia para crear puestos de trabajo de calidad, a una transformación energética que además de generar empleo reduzca nuestra dependencia de combustibles importados y a mejorar los servicios públicos.