Unidas Podemos propone al resto de grupos una comisión de investigación sobre los ‘Papeles de Uber’

20.07.2022. Unidas Podemos ha propuesto este miércoles al resto de grupos parlamentarios una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer las prácticas llevadas a cabo por la empresa Uber en nuestro país conocidas recientemente a través de los medios de comunicación.

«Hemos ido conociendo una serie de noticias en las que se ve con claridad que existieron estrategias de elusión fiscal, estrategias para influir en poderes públicos y para romper la legalidad donde se implantaba la corporación», ha explicado en declaraciones remitidas a medios el diputado de Unidas Podemos y portavoz en la Comisión de Transportes, Rafa Mayoral.

«Es un escándalo de tremendas proporciones que pone en riesgo el ordenamiento jurídico de las democracias del mundo. Creemos que es el momento de que esto no pase desapercibido, es necesario investigar», ha añadido.

El pasado 10 de julio, salió a la luz una investigación periodística conocida como ‘Papeles de Uber‘ (‘Uber Files‘ en inglés), llevada a cabo por el diario The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que reveló una posible estrategia de la empresa para entrar en mercados europeos a través de prácticas ilegales, mecanismos de presión a las autoridades, eludiendo sanciones y llevando a cabo campañas de desinformación.

En este sentido, la comisión de investigación que propone Unidas Podemos buscará «investigar las prácticas de entrada en el mercado por vías de hecho en contra de la aplicación de las leyes vigentes en materia fiscal, laboral, consumidores, competencia, derecho de asociación y derecho a una información veraz» e «investigar las prácticas de presión contra representantes públicos tendentes a legalizar la situación de hecho provocada por su entrada en contra de la legalidad».

Asimismo, analizará «las debilidades del ordenamiento jurídico español y europeo para enfrentar las prácticas abusivas de transnacionales que pretendan introducirse en el mercado en contra del marco regulatorio» y la posible «presión, favor o retribución a funcionarios y autoridades para que actúen en favor de la corporación y en contra del interés general».