El Gobierno se compromete a facilitar la nacionalidad para los supuestos no previstos en la Ley de Memoria Histórica de 2007

«La dictadura dejó a muchos compatriotas como apátridas. Les robó su nacionalidad, la hicieron desaparecer. Y en este momento todavía tenemos deudas pendientes que esta ley, este anteproyecto, pretende resolver». Así respondió la vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, a la pregunta realizada este martes, 20 de octubre, por la senadora de En Comú Podem-Izquierda Confederal Sara Vilà acerca de si el Gobierno pretende ampliar la nacionalidad para descendientes de exiliados y exiliadas en su anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

«Víctimas del franquismo también fueron los exiliados y las exiliadas por motivos políticos, religiosos, de identidad de género, étnicos o por tendencia sexual», expuso Vilà en su intervención. «Asimismo, aquellos que tuvieron que emigrar por la pobreza y la falta de oportunidades económicas derivadas de la guerra y la dictadura. Tuvieron que dejar el país a marchas forzadas y muchos tuvieron que renunciar a su nacionalidad. Tenemos una deuda con los exiliados y exiliadas, especialmente con las exiliadas y sus descendientes».

Vilà recordó los supuestos que quedaron de la Ley de Memoria Democrática que, «aunque fue un gran avance, no fue suficiente, y tampoco lo es el Código Civil». Entre estos supuestos se incluyen las mujeres que se casaron con un extranjero antes de la Constitución de 1978, los hijos mayores de 18 años, quienes tuvieron que renunciar a la nacionalidad para poder trabajar en el país de destino y quienes no ratificaron su nacionalidad al no ser debidamente informados.

La reparación para el exilio republicano y del franquismo viene siendo uno de los ejes centrales de la federación de Izquierda Unida en el Exterior (IU Exterior), cuyo coportavoz Eduardo Velázquez se manifestaba recientemente al respecto: «Nosotros también queremos una ley que incluya a los descendientes de la emigración económica, pero debemos intentar aprovechar la oportunidad que supone la Ley de Memoria Democrática en cuestiones de nacionalidad justa. El tiempo es limitado».

En su intervención, Calvo reconoció que «hubo mujeres que, por razones legales y de sexismo, en cualquier sociedad del mundo, tuvieron que renunciar a su nacionalidad cuando se casaban, y por tanto sus descendientes perdían la posibilidad de seguir siendo en segunda generación o en otra españoles. Volverán a serlo. Este país se lo debe».

Respecto a quienes perdieron la nacionalidad al cumplir los 18 años, la vicepresidenta afirmó que el Gobierno debe «equiparar a hermanos mayores y menores que pudieron recuperar la nacionalidad de sus padres, y que ahora también lo harán».