Denuncian la opacidad y los impactos socioecológicos de la expansión de las compañías mineras en España

La estrecha relación entre el aumento del consumo de minerales y la agenda político-económica europea tiene como consecuencia el incremento del número de proyectos mineros que se pretenden explotar dentro de las fronteras europeas. En España, solo en el año 2018 llegaron a presentarse más de 2.000 solicitudes para iniciar operaciones de minería, y en 2021 había registradas 548 licencias para proyectos de minería metálica. 
 
Ante este boom de la minería, el informe de Amigos de la Tierra y OMAL identifica unos patrones en los proyectos mineros que se identifican con la lógica de los megaproyectos, parámetros que se observan desde hace décadas en este tipo de actividades en el Sur Global. Estas iniciativas lideradas por empresas transnacionales se apropian de territorios y bienes naturales amparadas por una evidente asimetría normativa entre la fuerte protección de los intereses corporativos y la débil o inexistente protección de los derechos colectivos. Es el caso de la mina de litio en Cáceres, donde el ayuntamiento rechazó otorgar los permisos de explotación y, por su parte, la empresa minera elevó un recurso de alzada y amenazó con presentar un recurso contencioso-administrativo.
 
La opacidad es otra de las señas de identidad de la forma de proceder de estas compañías. Por un lado, hace referencia a la maraña de entidades que participan en la cadena global de la explotación minera y, en segundo término, se vincula con una gestión política poco transparente. La promesa de creación de empleos y llegada de inversiones, así como otro tipo de iniciativas asistenciales enmarcadas en los programas de responsabilidad social corporativa es una de las estrategias utilizadas para convencer o crear división entre las comunidades. La empresa Berkeley, que solicitó los permisos para explotar la mina de uranio en Retortillo, financió actividades municipales por valor de 470.000 euros a los municipios afectados desde 2016.
 
A su paso, estos conglomerados empresariales dejan impactos económicos, políticos, socioculturales y ambientales en los territorios. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, existen 323 conflictos socioambientales relacionados con la extracción de cobre, litio, plata y tierras raras. En el caso del litio, su explotación para las baterías está concentrada en pocas compañías, las principales son Albemarle y SQM.

El creciente interés de corporaciones e inversores en la minería, que tiene un fuerte componente especulativo, está impulsado por las políticas europeas para la transición energética y digital. La ampliación de las tecnologías solar y eólica provocarán un aumento del 600% en la demanda de metales (aluminio, cobre, plata, cadmio, níquel, manganeso, cobalto, tierras raras y litio, entre otros) para el año 2030. Esto no llega a representar el 1% del PIB de la economía de los 27 y genera unos escasos 30.000 empleos, mientras la gran mayoría de estos minerales se encuentran en otras regiones del planeta. Esta dependencia de materias primas se debe a una estrategia para la transición ecológica basada en la mera sustitución de fuentes de energía que no cuestiona los parámetros de producción y consumo.
 
“Las explotaciones mineras responden a los caprichos de un modelo económico corto de miras que poco tiene que ver con una verdadera transición ecológica. Es un sinsentido abrir minas contaminantes y dañar la salud de la población mientras no reutilizamos y reciclamos todos los materiales ya existentes”, ha señalado Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra.

Amigos de la Tierra y OMAL hacen un llamamiento al Gobierno para que ponga límites a la extracción minera, unas prácticas que aceleran la crisis ecológica y climática, que comprometen la salud de las personas trabajadoras y la calidad de vida de las poblaciones próximas. Es indispensable replantearnos nuestro modelo de producción y de consumo, y avanzar hacia la reducción, la reutilización y el reciclaje.

“Los colectivos y las organizaciones que se oponen a los megaproyectos mineros en sus territorios sirven de ejemplo para mostrar que existen multitud de luchas sociales que se están enfrentando al poder corporativo, apostando por formular propuestas y alternativas para repensar el futuro con criterios de justicia social y ambiental”, ha afirmado Erika González, investigadora de OMAL y coautora del informe.