Izquierda Unida formula incidente de recusación contra el magistrado Juan Pablo González tras su polémica designación para formar parte del tribunal y redactar la sentencia de la ‘caja B’ del PP

Miércoles, 20 de diciembre 2017.

Izquierda Unida, personada como acusación popular en la causa de los denominados ‘Papeles de Bárcenas’ o ‘caja B’ del Partido Popular junto a otras asociaciones, ha registrado hoy en la Audiencia Nacional el escrito en el que formula “incidente de recusación” contra el magistrado de la Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional Juan Pablo González González.

La recusación planteada se fundamenta, entre otras razones, en la “amistad manifiesta” de este magistrado “con una de las partes del proceso, en este caso con el Partido Popular”, formación que “en el presente procedimiento tiene la condición de responsable civil subsidiario, lo que evidentemente puede afectar a la parcialidad del procedimiento y transparencia del mismo”.

Esta acusación popular señala en su escrito que “no podemos ignorar tanto el hecho de que el magistrado ahora recusado votó contra la decisión mayoritaria de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de apartar a los magistrados López y Espejel del enjuiciamiento de la presente causa por existir dudas sobre su apariencia de imparcialidad, como el hecho de que la magistrada recusada Espejel ha participado en el acuerdo de la Sala de Gobierno que ha modificado la composición del tribunal e introducido al magistrado ahora recusado”.

“Y todo ello teniendo como nexo común -expone con claridad- que los tres magistrados fueron designados por el Partido Popular como vocales del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) y que los tres magistrados fueron promocionados o condecorados por el Gobierno de Mariano Rajoy (acuerdos de Consejo de Ministros de nombramiento para el Tribunal Constitucional, Gran Cruz San Raimundo Peñafort y juez de enlace en Paris), a la sazón también presidente del Partido Popular”.

Juan Pablo González González fue propuesto vocal del CGPJ por el Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. El magistrado fue elegido y desempeñó el cargo entre los años 2001 y 2005, “coincidiendo como vocal del CGPJ con otro magistrado también propuesto para dicho cargo por el Partido Popular, Enrique López López, apartado de la misma causa en la que ahora se formula esta recusación por así decidirlo el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el Auto 6/2016 de 4 de febrero de 2016”, recuerda el escrito.

Se da la circunstancia de que según las nuevas normas de asignación de ponencias y composición de tribunales que aprobó a finales del pasado mes de noviembre la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional corresponde a González González redactar la sentencia que se dicte en el caso de la ‘caja B’ del PP.

Este caso, referido a la supuesta financiación ilegal del partido que lidera el también presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está pendiente de que se fije la fecha para la apertura de la vista oral en lo que tiene que ver hasta ahora con el banquillo establecido en mayo de 2015, cuando se abrió juicio contra los ex tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, contra el ex gerente Cristóbal Páez y contra los dos arquitectos que reformaron la sede del partido en la calle Génova.

Las nuevas normas aprobadas de forma sorpresiva por la Audiencia Nacional obligaron a un cambio sustancial en la composición de la Sala que debía encargarse de este asunto, que integraban los mismos magistrados que habían compuesto el tribunal que enjuició la pieza principal de la ‘trama Gürtel’, es decir, Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada y Julio de Diego.

El escrito registrado hoy en el que se formula el incidente de recusación contra González González -que firman, entre otros, los abogados de Izquierda Unida Enrique Santiago y Juan Moreno- apunta que “existen dudas más que razonables sobre la parcialidad” del magistrado González González “en cuanto adeuda gran parte de su carrera profesional al apoyo expreso del partido político, cuyos tesoreros y cuya contabilidad opaca se debe enjuiciar”.

Además del puesto de vocal del máximo órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PP, se expone también que este mismo magistrado, en 2012, “fue nombrado por el Gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, como juez de enlace en París. Además de ser el Partido Popular una persona jurídica considerada responsable civil subsidiaria o partícipe a título lucrativo por las conductas criminales investigadas, se da la circunstancia de que el Sr. Rajoy Brey aparece en reiteradas ocasiones en las declaraciones obrantes en las actuaciones -incluidas las efectuadas por prominentes personas vinculadas al Partido Popular- como conocedor de al menos parte de la conductas criminales investigadas”.

“Asimismo -se argumenta-, el Sr. Mariano Rajoy está propuesto por las partes para que declaré en el juicio oral en calidad de testigo (su persona ha sido nombrada en diversas declaraciones en fase de instrucción, al igual que en la contabilidad elaborada por Luis Bárcenas aparece diversas apuntes con la indicaciones de M.Rajoy o Mariano), citación como testigo que notoriamente tiene una gran transcendencia, por lo que  la designación de un magistrado que debe decidir sobre dicha cuestión (…) no fortalece la apariencia de imparcialidad del tribunal”.

Esta imparcialidad del tribunal se resiente también si se tiene en cuenta que “en el marco de la investigación seguida por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 en las DP 91/2016 (por el denominado ‘caso Lezo’) se han intervenido diversas conversaciones en las que se relaciona a diversos miembros del Gobierno de Mariano Rajoy interfiriendo en los asuntos seguidos en diferentes tribunales”.

El escrito de recusación del magistrado Juan Pablo González González que promueve la acusación popular formada por Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados (ALA) y la Asociación CODA-Ecologistas en Acción advierte también del “quebrantamiento de la imparcialidad subjetiva” y especifica que “incluso las apariencias pueden ser importantes. Lo que está en juego es la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben de ofrecer a los que acuden a ellos”.

“Por consiguiente -agregan sus promotores-, de cualquier juez de quien se puede temer legítimamente la falta de imparcialidad debe ser recusado”, ya que “la finalidad de la institución jurídica de la recusación es que el juez no sólo ha de ser justo, sino parecerlo, puesto que la justicia no sólo es un valor en sí misma, sino una estimación personal que provoca en aquellos que la demanda una plena adhesión espiritual a sus determinaciones o, al menos, con las condiciones en que aquella se produjo”.