CCOO rechaza el anteproyecto de Ley General Audiovisual porque no soluciona los problemas del sector y solo responde al beneficio de los lobbies empresariales

Preservar el sector público de comunicación audiovisual, evitar las privatizaciones, garantizar el pluralismo y la responsabilidad editorial o establecer una autoridad independiente son algunas de las cuestiones claves de este proyecto de ley sobre las que el Parlamento no está hablando.

Para CCOO, lo que se pretende con la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) es una ley Frankenstein en la que se ha desaprovechado la obligación de trasponer la última Directiva Europea del Audiovisual 2018/180 para introducir modificaciones en todo el entramado sectorial español, dando una vuelta de tuerca más a la ya ultraliberal Ley de 2012, que llevó a cabo el Partido Popular sobre la promovida dos años antes por el gobierno de Zapatero.

Esta nueva reforma legislativa parece ahondar más aún en un modelo mercantilista y al servicio de los operadores privados en vez de velar por la defensa de los servicios públicos de radiotelevisión y el acceso gratuito y universal de la ciudadanía a unos sistemas de comunicación que sean garantes de los principios constitucionales básicos en materia de información. Por el contrario, la LGCA viene a “bendecir” la falta de pluralismo y los oligopolios ya creados de televisión (Mediaset y Atresmedia) y radio (Cadena SER, COPE y Onda Cero), sin intención alguna tampoco de exigir mayores obligaciones a las nuevas plataformas digitales de las que la normativa europea impone.

Desde CCOO, entendemos que una nueva ley no puede dejar pasar una definición clara de la misión de servicio público para todos los prestadores (públicos y privados), donde se garantice el pluralismo, la responsabilidad editorial y la libertad de expresión. Asimismo, evitar la privatización y la externalización del modelo de radiotelevisión pública que pretende el anteproyecto es una prioridad sindical, del mismo modo que lo es garantizar una financiación estable y definida por ley para CRTVE, y el resto de operadores de servicio público.

Entre otras muchas cuestiones, pues el anteproyecto bien merecería ser reformulado en su totalidad, evidenciamos una falta absoluta de referencia a la dimensión laboral de un sector que se pretende que sea el hub audiovisual de Europa, atrayendo los fondos de recuperación para dar un mayor impulso a la producción de nuestro país. Así, no se concretan en la ley cuestiones que también fomenten la creación de empleo de calidad, de garantías laborales, de conciliación y corresponsabilidad, de salud laboral y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El texto de este anteproyecto adolece además de concreción en el control de los medios. Deja en manos de la “autorregulación” lo que deberían ser las funciones de una autoridad audiovisual independiente que velase por la regulación del sector en materia de transparencia, pluralidad, control de la publicidad y los contenidos, entre otras obligaciones, al margen de lo que ha venido escasamente desarrollando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

CCOO ha enviado hace unos días una carta de queja a la ministra Nadia Calviño, de cuyo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital depende este APL, manifestando nuestro malestar con este texto y la necesidad de abordar un diálogo con los agentes sociales en esta materia.