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Eva García Sempere: “La ley de secretos oficiales es uno de los bastiones del franquismo”

18/08/2019

La diputada del grupo confederal por Izquierda Unida ha presentado una serie de preguntas en el Congreso sobre los archivos que el estado posee sobre el Sahara Occidental. La documentación sobre el colonialismo, la Marcha Verde y el papel de España es solo uno de tantos temas que permaneces ocultos ante la ausencia de una ley oficial de archivos.

Eva García Sempere / Propia

La diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere ha presentado esta semana una batería de preguntas sobre los secretos de estado relacionados con la historia reciente del Sahara Occidental y el papel de España en el proceso de descolonización y ocupación por parte de Marruecos. Las preguntas llegan tras evidencia que a día de hoy resulta más fácil para alguien que quiera examinar la historia a través de documentación oficial, acudir a los documentos desclasificados por la CIA sobre el tema que a través de fuentes oficiales españolas. Un caso que pone de manifiesto las deficiencias de la legislación española en materia de archivos clasificados.

“El caso de la documentación sobre el Sahara es uno de tantos en realidad. Es representativo de la ausencia total de una política de desclasificación de documentos oficiales en este país”, expone Sempere en diálogo con Tercera Información. “En realidad todo parte de la denominada Ley de Secretos Oficiales. Esta ley, que fue heredada del régimen dictatorial franquista, establece la imposibilidad de desclasificar ningún tipo de documento bajo la premisa de que ponen en peligro la seguridad nacional”, nos explica. “El problema es que su aplicación es totalmente discrecional, se puede situar bajo la protección de secreto oficial cualquier cosa, que de esta manera no se podrá esclarecer jamás”, expone.

El pasado año, a petición del PNV, se planteó en el Congreso una proposición para modificar la ley y establecer unos plazos de publicación, de 25 años en el caso de los documentos clasificados y de 10 en el caso de los denominados documentos reservados. La proposición contemplaba la obligatoriedad de desclasificar toda la documentación que al establecerse la nueva norma hubiese sobrepasado esos plazos.

Sin embargo, la proposición quedó bloqueada por el Partido Popular y el PSOE, preocupados por mantener bajo secreto de estado decisiones de sus sucesivos gobiernos ya en periodo constitucional.

“Cuando impedimos esclarecer cual ha sido el auténtico papel de las instituciones en determinados momentos de nuestra historia, impedimos también que la gente se informe y valore los hechos como realmente fueron, es una barrera tremenda para la democracia”, indica Sempere. “Por este motivo, todos los países cuentan con una normativa sobre archivos, así se da la paradójica situación expuesta en las preguntas que hemos formulado en el Congreso, de que una persona que investigue sobre el papel de España en el Sahara tiene que acudir a los documentos desclasificados por la CIA en Estados Unidos porque aquí continúan bajo secreto de estado”, indica.

Para Sempere, la existencia de es uno de los grande problemas para el establecimiento de una memoria democrática y la superación del franquismo en las instituciones españolas. “Se puede decir sin exagerar que la Ley de Secretos Oficiales es uno de los grandes bastiones del franquismo”, expone de manera contundente. “Ni siquiera conocemos el paradero y la situación de la documentación de los servicios secretos del franquismo”, plantea exponiéndonos la importancia de la información manejada en los últimos años del franquismo y durante la transición por Servicio Central de Documentación, los servicios secretos que pasó a convertirse en el CESID y, posteriormente, en el actual CNI. “Podría cambiar nuestra perspectiva sobre el final de la dictadura y de la Transición por completo”, indica.

“Es fundamental la supresión de la Ley de Secretos Oficiales y el establecimiento de una Ley General de Archivos equiparándonos al resto de países europeos”, plantea la diputada de IU. “Se trata de una cuestión fundamental de salud democrática”, concluye.

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