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STEs-i rechaza la colocación de cámaras de videovigilancia en las aulas

11/09/2019

La sugerencia formulada por la Fiscalía General del Estado para combatir los abusos sexuales a menores es desproporcionada, de dudosa legalidad y carente de rigor, además de que elude ir a la raíz del problema.

La Memoria del Ministerio Público ha propuesto la generalización de videovigilancia en aulas como respuesta al incremento de agresiones sexuales / AC

La recomendación de la Fiscalía General del Estado de hacer extensiva la utilización de videovigilancia en las aulas ha generado una oleada de reacciones a las que se ha sumado el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza – Intersindical. El sindicato ha calificado la medida propuesta como “una ocurrencia que no ayudarán en nada”.

La propuesta recogida en la Memoria del Ministerio Público del 2018, responde al preocupante incremento de delitos sexuales en los centros educativos, unos datos que desde STEs-i califican de inquietantes. Sin embargo, para el sindicato, “instalar cámaras de videovigilancia en aulas y despachos de los centros escolares resulta una medida, no solo desproporcionada (las aulas ya son espacios tutelados y controlados por parte de las y los docentes presentes en las mismas), sino de dudosa legalidad (el alumnado menor de edad está amparado en los centros por la Ley del Menor), que además entra en conflicto directo con el derecho a la intimidad, tanto del alumnado como del profesorado y, dada su inconcreción, genera desconfianza sobre el control de las grabaciones y su uso posterior”.

Como alternativa al incremento de la vigilancia mediante cámaras, el sindicato ha apuntado a la necesidad de dotar al profesorado de recursos, herramientas y condiciones laborales adecuadas. Así mismo, desde el STEs-i reclaman formación en contenidos sobre el ámbito afectivo-sexual, “cuestión cada vez más negada por las distintas administraciones educativas”, según denuncian.

Desde el STEs-i indican que en su opinión, “abordar en el ámbito escolar un problema de esta envergadura, complicado además por el repunte de cuestiones que recoge la propia memoria de la Fiscalía, como el rechazo a la igualdad, la imitación de casos de acoso y violencia sexual, la homofobia o la cosificación de las mujeres, requiere concretar medidas que los STEs venimos reclamando desde hace muchos años”. “Tener la voluntad política para aumentar la financiación de la escuela pública hasta niveles propios de nuestro entorno europeo, disminuir las ratios de forma generalizada, aumentar las plantillas en todos los niveles educativos, disminuir la carga lectiva de los horarios, aumentar los recursos para atender la diversidad, invertir en la formación del profesorado y acabar con los recortes que deterioran nuestro sistema público de educación”, reclaman como medidas.

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