Exigen la expulsión de los Benedictinos del Valle de los Caídos

Desde el 2 de octubre de 2020 se extinguió el convenio que regula la presencia de un grupo de monjes benedictinos en el Valle de los Caídos. El convenio entre el Estado y la Abadía Benedictina de Silos, que desde 1958 regía la presencia de esa congregación religiosa en Cuelgamuros, se extinguió ese día al no ser renovado por el Estado y haber transcurrido los cuatro años de la entrada en vigor de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Incomprensiblemente el Gobierno no actúa en consecuencia y permite la estancia de los monjes a pesar de que llevan años incumpliendo la legislación que les impide realizar apología de la dictadura franquista y del dictador Francisco Franco. En la misa que celebran todos los días a las 11 de la mañana repiten una frase que discrimina a los muertos que se encuentran en las criptas y enaltece a los caídos por Dios y por España: «Para que los caídos, asociados a la muerte redentora de Cristo, descansen eternamente y su recuerdo fomente la paz entre los españoles». Se trata de un enaltecimiento de los golpistas de 1936, algo que rechazan las leyes de memoria y que explican las causas por las que los monjes utilizan políticamente un espacio que es de propiedad pública.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de un civil republicano asesinado por pistoleros falangistas “es inaceptable que quienes celebran el sufrimiento de las víctimas de la dictadura sigan favorecidos por el Gobierno que omite tomar las decisiones a las que le obliga la ley como si la comunidades benedictina del Valle de los Caídos sólo tuviera que someterse a la justicia divina”. Y añade: ¿Qué ocurriría si alguien en un restaurante independentista sirviera a sus clientes botellas de vino con el símbolo de ETA para que la gente haga brindis con él?¿El Gobierno seguiría considerándolo una anécdota?

Los actos de enaltecimiento del franquismo, más o menos explícitos, no ocurren sólo en la basílica. En el comedor de la hospedería que regentan en el Valle de los Caídos, un edificio que también pertenece al Estado, utilizan elementos de exaltación del franquismo que van desde las servilletas hasta la botella de vino cuya fotografía se adjunta, que incluye en su etiqueta el escudo personal del dictador Francisco Franco; un escudo que enaltece al responsable de miles de violaciones de derechos humanos, del que miles de desaparecidos permanecen en las cunetas todavía hoy, y celebra el dolor y la violencia que padecieron sus víctimas como un beneficio para nuestra sociedad.

Por esas razones la ARMH solicita al Gobierno que se expulse del Valle de los Caídos a la comunidad benedictina, que la sancione por hacer apología de la dictadura y que deje de negociar con la iglesia católica el futuro del monumento, como se ha comprometido a hacer Pedro Sánchez en su visita al Vaticano el pasado 11 de octubre.”No es aceptable que una institución que participó de la represión de la dictadura tenga ese trato de favor por un Estado y disfrute de todos los inaceptables beneficios de la impunidad”, concluye Silva.