Unidos Podemos preguntará al Gobierno por Trump, estibadores y cláusulas suelo
En la sesión plenaria que a partir de mañana, martes 21 de febrero, se desarrollará en el Senado de España, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea dirigirá tres preguntas al Gobierno. Ramón Espinar, portavoz del Grupo Parlamentario, preguntará directamente a Mariano Rajoy por los planes del Gobierno respecto a las relaciones exteriores con Estados Unidos tras la elección de Donald Trump. Hace tan solo dos semanas cobró gran interés la conversación telefónica que mantuvieron ambos mandatarios. Tras la misma, mientras Trump hacía hincapié en su solicitud al gobierno español de aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB, Rajoy y Moncloa prefirieron guardar silencio al respecto.
Por otra parte, el senador valenciano Ferran Martínez preguntará al Gobierno si, tras la paralización del real decreto para la liberalización de la estiba, abrirá el Ministerio de Fomento un proceso de diálogo con todos los actores implicados. A pesar de que, tras el anuncio del Ministerio de Fomento de paralizar el real decreto, los paros previstos (para el 20, 22 y 24 de febrero) por las organizaciones sindicales que representan a los estibadores se han suspendido, aún se ha de definir qué cambios pretende el Gobierno realizar en el sector. Unidos Podemos apuesta por que, a través del diálogo, se negocien modificaciones que sean aceptadas y respondan a los intereses de todos los actores implicados, garantizando los derechos laborales de los trabajadores de la estiba.
Celia Cánovas, senadora por Tarragona, cuestionará al Ejecutivo de Rajoy por el procedimiento de reclamación que, respecto a las cláusulas suelo, deja en manos de las entidades financieras la procedencia o no de las cantidades a devolver a los consumidores perjudicados. El Gobierno solo ha tomado cartas en el asunto tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que señalaba a las entidades financieras como responsables de introducir cláusulas abusivas en el mercado. Por ello, resulta cuanto menos sorprendente que ahora el Gobierno vuelva a dejar en manos de esas mismas entidades financieras el control de un proceso de devolución que debe resarcir en sus derechos e intereses a los mismos clientes que se han visto perjudicados durante años por este procedimiento.
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