21/02/2020

Entrevista a Orlenys, la activista que rompe el relato de los mass media mostrando la cotidianidad en Venezuela

Orlenys Ortiz es una comunicadora que utiliza su “trinchera”, una cuenta de twitter con más de 65 mil seguidores, para mostrar la realidad en Venezuela, en confrontación con esas otras “realidades” mediáticas que cada día difunden los grandes grupos de comunicación en todo el mundo. No es periodista, pero dedica gran parte de su tiempo al activismo en comunicación política. A finales de 2019 visitó por vez primera España para asistir al Congreso III de Catarsi magazín en el Foro: Posverdad y construcción de 'realidades' mediáticas" en Barcelona y estrechar lazos con diversos colectivos sociales en todo el país.

Entrevista a Orlenys, la activista que rompe el relato de los mass media mostrando la cotidianidad en Venezuela

Paseando por el popular barrio de Lavapiés, nos cuenta cómo, en un corto período de tiempo, unos tres meses, logró una notable influencia en redes sociales, a partir de los acontecimientos que tuvieron lugar en Venezuela desde la aparición en escena de un sujeto desconocido hasta ese momento tanto dentro como fuera del país: «El 23 de enero [día de la autoproclamación de Juan Guaidó] se generó todo un contexto mediático muy bien preparado a escala internacional para crear esa falsa ilusión de derrota del ‘régimen’ de Maduro”, nos cuenta. “El 30 de abril, día de la intentona golpista, ocurrió algo aún más llamativo: mientras había un ‘consenso’ mediático nacional e internacional en el que se hablaba de un Golpe de Estado, de que esta gente estaba en La Carlota (una base aérea militar en Caracas) y los medios oficiales no daban información de nada. La gente necesitaba un huequito para asomarse a Venezuela y ver qué estaba pasando allí […] Agarré el celular y transmití en vivo desde alrededor de las nueve de la mañana y caminé hacia el Oeste, hacia el palacio de Miraflores […] La gente encontró ahí el huequito que estaba buscando, la ventanita, y la transmisión tuvo mucha confluencia en ese momento, mucha más que todas las veces anteriores”.

Orlenys transmitió durante unos diez minutos hasta llegar a la altura de Miraflores: “en ese momento, allí ya había una super protección popular [alrededor del palacio] de cientos y cientos de personas, quienes al enterarse de la intentona golpista, se convocaron allí y estaban protegiendo el palacio presidencial”. Concluida la transmisión en vivo, Orlenys puso el vídeo en alta definición a disposición de quien quisiera difundirlo, y, solo en España, más de 150 comunicadores y periodistas lo solicitaron.

Semanas antes, se generaba un clima mediático con un sin fin de medios de comunicación corporativos alarmando sobre una supuesta “crisis humanitaria” y alentando a un eventual golpe de Estado, como ya hicieran antes, en 2002, durante la intentona contra Hugo Chávez, o cuando se generaron acciones de violencia en las calles (2017) o el acaparamiento y desabastecimiento inducido de ciertos productos de primera necesidad (2015).

Ante esto, comunicadoras que trabajan al margen de las instituciones públicas como Orlenys, retransmitieron vídeos en directo de la vida en el país, del día a día en las calles, en los comercios, en los mercados, a fin de desmentir un relato catastrofista que, solo en España, alcanzó niveles de mentira, manipulación y tergiversación nunca vistos antes.

En palabras de Orlenys, se trataba de “romper con el relato que los intereses derechistas plantean sobre Venezuela, mostrando la cotidianidad”. Mostrar el día a día en planos secuencia de largo recorrido para demoler el relato de cadenas de televisión que, por ejemplo, se dedicaban a colocar el foco sobre escenas en las cuales aparecían personas hurgando en contenedores de basura. Escenas lamentables que, por otro lado, pueden grabarse en cualquier país de Europa o Norteamérica.

Una crisis económica, no una crisis humanitaria

El comportamiento de EE.UU. y sus países aliados, incluida la Unión Europea respecto a Venezuela cumple paso por paso con el manual de «guerra no convencional», un documento interno de las fuerzas especiales de EE.UU., cuya finalidad es «corregir las inconsistencias en el marco de la doctrina de guerra irregular»; Las intenciones en los esfuerzos de Guerra No Convencional (GNC) de los Estados Unidos buscan explotar las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de un poder hostil, mediante el desarrollo y el sostenimiento de fuerzas de resistencia que cumpla con los objetivos estratégicos de los Estados Unidos […] La combinación de los efectos de dos líneas de esfuerzo, en gran medida genera los resultados finales de una campaña de GNC. Los esfuerzos son el enfrentamiento armado y la subversión […] el objetivo es el esfuerzo agresivo y proactivo por influir psicológicamente a la población para que se posicione contra su gobierno. Busca la creación de una atmósfera de amplio descontento mediante la propaganda y los esfuerzos políticos y psicológicos para desacreditar al Gobierno y lograr la infiltración en la administración, en la policía, en las fuerzas armadas y las organizaciones políticas […].

Orlenys habla del mito de que «los aumentos salariales son los que generan la subida de los precios». «Hay una crisis económica que sí vivimos, profunda, multi-factorial, esencialmente cultural, que afecta a todos los niveles, pero no es una crisis humanitaria», asevera Orlenys. Esta última construcción es utilizada para que «la comunidad internacional avale las intenciones golpistas» de la oposición, que funciona como títere de EEUU.

Una crisis que se inicia en 2014-2015 a partir de un abaratamiento del barril de crudo inducido desde EE.UU. y Arabia Saudí y las sanciones económicas impuestas por Obama y endurecidas por Trump

En 2014, el barril brent de petróleo se derrumba desde los 116 euros a algo más de 40 a finales de año, marcándose el mínimo de 29 dólares en enero de 2016. Un mazazo para una economía, la venezolana, aún muy dependiente del petróleo. EE.UU. inunda la economía mundial de petróleo aumentando considerablemente su producción a través del fracking y, a la par, Arabia saudí baja los precios. En 2015 Barack Obama pone en marcha las primeras sanciones contra Venezuela. Con el decreto presidencial 13692, el expresidente estadounidense declaró en marzo de 2015 que Venezuela era una «amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de EE.UU.” y congeló bienes y cuentas bancarias de siete oficiales y altos funcionarios del gobierno de ese país, a los cuales, además, se les prohibió ingresar a EE.UU. o hacer negocios con ciudadanos estadounidenses. En febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro solicitó al gobierno de EE.UU. no prolongar las sanciones vigentes, pero Obama no accedió a ese pedido y las prolongó por un año más.

Las medidas contra Venezuela se incrementan con Donald Trump. En febrero de 2017, Washington promulga sanciones financieras contra el vicepresidente venezolano de ese entonces, Tareck El Aissami, y a mitad de año hay una escalada en las sanciones. Primero se aplican sanciones financieras contra 13 funcionarios del gobierno. A fines de julio, tras la controvertida elección de la Asamblea General Constituyente, se prohíbe estrictamente a los ciudadanos estadounidenses negociar con Venezuela. Una semana después, se anuncian sanciones adicionales contra otros ocho funcionarios, entre ellos, Adán Chávez, el hermano del ex presidente Hugo Chávez.

Además, el gobierno de Trump prohíbe el comercio con determinados bonos venezolanos de la petrolera estatal PDVSA. De ese modo, Venezuela no puede tomar crédito del sistema financiero de EE.UU. ni venderle activos. Esa limitación pretende dificultar al gobierno venezolano la obtención de dinero fresco. Con esas duras sanciones, Venezuela perdería una importante fuente de ingresos, cuestión que afecta directamente a toda la población, indistintamente de su tendencia política.

El sistema de salud venezolano ya no puede importar 300.000 unidades de insulina porque la divisa venezolana se halla bloqueada por el Citybank. Asimismo, habría nueve millones de paquetes con alimentos básicos estacionados en un puerto extranjero, ya que que un banco de EE.UU habría bloqueado el pago a causa de las sanciones.

En noviembre de 2017, también la Unión Europea aplica sanciones a Venezuela, que son prolongadas hasta hoy. Bruselas prohíbe la exportación de armas y equipamiento militar a Venezuela y emite una prohibición de ingreso a la UE de 18 personas de círculo de confianza de Maduro, entre ellas, Delcy Rodríguez, hoy, Vicepresidenta de la República.

En 2018, EE.UU. aumenta la presión sobre Venezuela. Esta vez, las sanciones afectan a mandos militares acusados de «corrupción y represión”. A principios de mayo se suman otras tres personas privadas a la lista de sanciones, y estas se aplican por primera vez también a 20 empresas. Aún así, Nicolás Maduro gana las elecciones presidenciales a fines de mayo de 2018 y Trump decreta que todas las empresas estadounidenses y todos los ciudadanos de EE. UU. tienen prohibido comprar bonos o títulos de deuda del gobierno venezolano. Lo mismo rige para el Banco Central de Venezuela y para la Petrolera PDVSA. En noviembre de 2018, EE. UU. dicta también medidas punitivas contra las exportaciones de oro de Venezuela, para quitarle a Caracas una importante fuente de divisas.

En 2019, Trump incrementa el bloqueo hacia la industria petrolera. Desde finales de enero, aunque EE.UU. puede comprar petróleo venezolano, debe realizar sus pagos a cuentas bloqueadas, es decir, que los bienes de Venezuela en el extranjero también se congelan. La filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) CITGO, una empresa 100% propiedad de Venezuela, con sede en Estados Unidos, es confiscada por el Gobierno de Donald Trump a comienzos de año y entregada ilegalmente a una junta directiva designada por el diputado opositor Juan Guaidó.

Las «sanciones» no solo afectan a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, «sino que afectan directamente al pueblo a tal punto que recientemente la Cancillería venezolana presentó una demanda contra el bloqueo económico«, añade Orlenys. Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de EE.UU. fueron respondidas por Jorge Arreaza ante la Corte Penal Internacional. El Gobierno venezolano seguirá denunciando estas medidas, calificadas como «crímenes de lesa humanidad» el pasado 13 de febrero por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Orlenys: «Hago un llamado a la gente: cuestiona todo lo que leas en medios, rebusca, pregunta, escudriña en otros medios, contrasta»

A un panorama sombrío, que siempre se presenta desde los medios de comunicación propiedad de grandes grupos con intereses económicos similares, consecuencia de errores de «Nicolás Maduro», de su «dictadura», del cual se omite la injerencia protagonizada por EE.UU. pero también varias decenas de países en todo el mundo se suman las omisiones sobre cualquier noticia positiva en el país. Así, Orlenys nos explica un día a día que desconocíamos antes de viajar a Venezuela, incluso informándonos regularmente a partir de medios de comunicación ubicados ideológicamente en lo que se considera como «izquierda» social: «la electricidad, el gas directo, el aseo [los servicios de limpieza pública y recogida de basura], el agua, la caja CLAP, la gasolina, la renta al móvil [llamadas telefónicas], la conexión a internet, todo eso lo pagas con un dólar» incluso en un momento de crisis económica en gran medida instigada desde el exterior».

Los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) son un programa social de contigencia de distribución de alimentos para hacer frente a la crisis que cuesta menos de un cuarto de dólar, trae quince productos (arroz, pasta, aceite, salsas, etc.) y en el mercado privado puede salir fácil en 60 dólares». A lo largo del año pasado, el CLAP también sufrió el acoso de las sanciones por parte de EE.UU. En mayo de 2019, varios buques cargados alimentos para el programa CLAP «fueron saboteados» y no se les permitió zarpar hacia Venezuela.

Denuncia de coacciones a venezolanos emigrados a España: firmar el estatus de asilo político para conseguir facilidades

«Uno de los principales elementos utilizados muy inteligentemente en términos internacionales y quirúrgicamente para agredir al Gobierno de Venezuela es la migración económica». No en vano, llama la atención que, según un reciente informe publicado por CEAR, solo se hayan denegado 205 solicitudes de asilo a Venezuela (39.667 aceptadas por «razones humanitarias» y 48 estatuto de refugiado), en contraste con otros países Latinoamericanos como Colombia, donde hay 5.168 solicitudes denegadas (10 aceptadas por «razones humanitarias» y 48 estatuto de refugiado) u otros países como El Salvador, Hondura o Perú.

Censura en Twitter

Estos días, Orlenys acaba de recuperar su cuenta Twitter tras una suspensión que se ha prolongó por varias semanas. El hecho no es aislado, en 2017 ya sufrió la suspensión de su cuenta junto a unas dos mil cuentas asociadas al chavismo o simpatizantes del Gobierno de ese país, inclusive cuenta oficiales de gobierno y entes del Estado.

El pasado 7 de enero tuvo lugar la última oleada con un número mayor de afectados, una suspensión masiva de cuentas de forma «arbitraria», sin justificación ni explicación alguna: «Twitter es una empresa privada al servicio de los intereses hegemónicos mundiales, principalmente de Estados Unidos».

* Cuando nos referimos a «sanciones», no son tales, pues, según el derecho internacional, EE.UU. no cuenta con potestad alguna para llevar a cabo tales acciones.