«Ha sido un expolio permitido»: las propiedades de la Iglesia en España reflejan sus privilegios

El 16 de febrero, la Iglesia Católica hizo públicas sus inmatriculaciones desde 1998. Ese año entró en vigor una reforma de la Ley Hipotecaria, impulsada en 1996, durante el mandato de José María Aznar, y se permitió inscribir por primera vez bienes inmuebles del clero con una certificación de la diócesis correspondiente. Pudo realizarse hasta 2015, que se reformó el artículo correspondiente, el 206. El documento con la lista detallada lleva tiempo solicitándose hasta que Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, la presentó en el último Consejo de Ministros.

Dicha lista constaba de 34.961 inmatriculaciones. De ellas, 20.014 corresponden a templos de la iglesia o dependencias complementarias y 14.947 son otro tipo de fincas: terrenos, solares, viviendas o locales. La revelación de estos espacios ha suscitado de nuevo voces que claman sobre los privilegios de esta institución. Como ejemplo de estas facilidades sirven la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla por 30 euros. Sin incluir las viviendas en la costa, viñedos o hasta campos de olivares que se observan en el documento.

Voces que protestan no solo por atesorar un patrimonio que podría ser público, sino por las ventajas fiscales o la financiación de sus edificios, cuya restauración, seguridad o iluminación depende de los presupuestos estatales. Sin contar con las prebendas en la declaración de la renta o en el sistema educativo. Y que piden una financiación particular, de los fieles, como se presupone en cada culto.

Antonio Manuel Rodríguez, jurista y portavoz de la coordinadora Recuperando (que lleva más de una década pidiendo el listado y luchando por reparar esos favores) se mostraba en declaraciones con medios satisfecho por tener al fin algo físico, pero acusaba al Gobierno de «lavarse las manos» en un asunto que afecta al patrimonio de toda la ciudadanía. También hablaba de «indulto» y matizaba que lo aparecido no respondía a la totalidad de propiedades.

Calvo, sin embargo, destacó que la elaboración de la lista supone «un ejercicio de transparencia» e incidió en que se trataba de «una información prolija, rigurosa y veraz». Las inmatriculaciones, remarcó la vicepresidenta, «se produjeron al amparo de una situación legal» que «provocó un volumen que ahora puede ser contestado por las vías administrativa y judicial«.

Sin embargo, el asunto no es sencillo. Ni nuevo. Las condiciones de la Iglesia Católica en España han estado en el punto de mira de ciertos sectores desde hace décadas. Principalmente, desde el fin de la dictadura franquista. En concreto, cuando se firmó el artículo 16, en el que se establecía que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».

La realidad, no obstante, ha ido por un derrotero distinto. Una de esas desviaciones tiene que ver con las propiedades de la Iglesia, que no solo no se han recuperado, sino que han aumentado con los años. Otra, con la exención de impuestos sobre sus bienes inmuebles (el conocido como IBI). Y otra, con el mantenimiento de una casilla para donaciones en la declaración de la Renta. Sin contar con las obras de arte halladas en sus dominios o la subvención de centros educativos de carácter religioso.

Unos «privilegios» que la Conferencia Episcopal niega. «En su gran mayoría, dichos bienes generan importantes costes de mantenimiento y conservación que la Iglesia realiza por entender que forma parte de su misión», argumentan desde su página web. «La inmensa mayoría de esos bienes tienen naturaleza no enajenable, con lo que la posibilidad, que algunos apuntan, de hacer negocio, es inexistente», reiteran.

Muy pocos, esgrimen, son «económicamente rentables». Además, la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes reporta a la economía nacional más de 22.000 millones de euros al año (2% del PIB)”, sostienen, aludiendo a un informe de la consultora PWC.

Desde la web PorTantos.es, la institución defiende que este patrimonio es «una fuente de riqueza y valor para toda la sociedad». Divulgando un estudio de la consultora KPMG, aseveran que el impacto económico de estas propiedades «supone un ahorro de miles de decenas de millones de euros para las arcas públicas» y genera más de un 3% del Producto Interior Bruto (PIB). «El impacto en el turismo asociado a cada tipo de bien inmueble de interés cultural de la Iglesia genera 22.620 millones de euros, un 2,17% del PIB», señalan en referencia a cifras de 2014.

«Se ha valorado que dado su impacto y atractivo sobre el turismo, los bienes inmuebles de interés cultural de la Iglesia estarían sosteniendo 225.300 empleos, de los cuales el 71% son empleos directos», agregan, «y existen 40 celebraciones de interés turístico internacional y 85 fiestas religiosas declaradas de interés turístico nacional. Estas son también fuentes generadoras de impacto económico y empleo: un total de 9.800 millones de euros es el impacto estimado en el PIB de España, y 97.000 empleos sostenidos directamente por esta actividad, llegando en su totalidad a 134.000 empleos generados».

No se habla del dinero que recibe la Iglesia Católica a través de los presupuestos Generales del Estado y de diferentes partidas autonómicas o culturales. Anualmente, según afirma la plataforma Europa Laica, se sitúan en unos 600 millones de euros. Una excepcionalidad en el continente. Francia, por ejemplo, se proclamó un Estado Laico en 1905 y las propiedades clericales son suyas. Cede su uso a la Iglesia, pero es quien se hace responsable de la conservación y restauración de su patrimonio, así como de los seguros y el personal. Lo mismo ocurre en Portugal, por anotar los casos más cercanos.

Por eso la insistencia de algunas asociaciones. «Llevamos mucho tiempo recabando información de estas propiedades y la lista es una denuncia por sí misma», indica Juanjo Picó a Sputnik. El portavoz de Europa Laica cree que la lucha no es contra unas creencias, sino por una cuestión de «dominios públicos». «No es atacar a una fe, sino a unos privilegios», apunta. «En España se ha permitido el expolio del patrimonio. Lo triste no es que el PSOE se haya lavado las manos, sino que con este Gobierno de coalición no haga nada», lamenta.

Picó incide en que «el fenómeno de las inmatriculaciones» es exclusivo de este país. “No hay jurisprudencias parecidas en otros lados. Se ha llegado a catalogar de ‘extravagante’ desde organizaciones europeas», señala. Con este listado, precisa el portavoz de Europa Laica, no se termina el escándalo: habría que hablar también del suelo público que se cede a la Iglesia o las dádivas en forma de fondos.

Juan Manuel Vidal, director de Religión Digital, un medio sobre la iglesia católica, se retrotrae al siglo XIX para contextualizar la situación actual. «Empezó con las desamortizaciones de Mendizabal, en 1836, y con Franco se intentó desamortizar al revés», ilustra. En la democracia «se quedó en una especie de limbo», resume, hasta que llegó la ley del 1998: «Entonces empezaron a hacerlo muy rápido. Aprovecharon la coyuntura. Valía con cualquier firma. Y se ve que ha sido muy dispar: en Castilla y León o Galicia mucho, en País Vasco, poco. Dependía de la poca vergüenza de cada obispo».

Vidal abre la posibilidad de que se «meta mano» en aquellas fincas que no son templos: en la lista publicada aparecen garajes, descampados o hasta cementerios. «Con el IBI pasa lo mismo: la Iglesia motu propio no lo va a pagar. Incluso si desde dentro hay quien lo considera justo. Pero tienen respuesta para todo y se escudan en la caridad, donde funcionan muy bien», añade el responsable de Religión Digital, que envidia «la laicidad sana de Francia». «Está en usufructo y nadie se mete en los asuntos del otro», expone, «no como aquí, que hay mucho miedo y la jerarquía pesa: no les cuesta mantener sus privilegios».