El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falla a favor de PACMA y de la conservación de las poblaciones de fauna silvestre y sus hábitats. Tal y como PACMA sostuvo en su recurso contra la Orden de Caza de 2016 en Castilla y León, el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid sentencia que la autorización de caza de cualquier especie debe ir precedida de los correspondientes estudios científicos sobre los datos demográficos. La Orden de Caza dictada por la comunidad autónoma carecía de los citados estudios, lo que incumplía las Directivas Europea de Hábitats y Aves. Esto supone un duro golpe contra los argumentos que los cazadores, sus federaciones y la propia administración esgrimen para autorizar la caza.
El Tribunal es claro al decretar que la falta de informes técnicos no puede verse suplida por los planes cinegéticos. La Orden de Caza anulada por el tribunal se aprobó con absoluto desconocimiento de la población real de cada una de las especies. La propia administración reconoció que sólo se conocen los datos estadísticos de períodos y estimaciones históricas de 10 y 5 años a través de los planes cinegéticos que presentan los propios titulares de los cotos de caza, sin llevarse a cabo estudio poblacional alguno.
Es un despropósito que la caza se sostenga en los datos otorgados por los propios cazadores y propietarios de los cotos de caza (principales beneficiarios de la actividad) y que estos no estén contrastados por auditores externos. Tras dos años de litigio, ahora se anula una disposición que fue ejecutada al completo en perjuicio de las poblaciones de animales afectados, unas 40 especies entre los que se cuentan lobos, zorros, conejos o patos, entre otros. PACMA, en su compromiso con la erradicación de la caza, exigirá responsabilidades a quien corresponda y seguirá trabajando hasta conseguir el final de una actividad que perjudica el medio ambiente y acaba con la vida de millones de animales cada año.