Enrique Santiago advierte de que la propuesta penitenciaria del PP “se aparta del modelo constitucional” y denuncia que busca la “pérdida de neutralidad y una institución más politizada”

El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha rechazado en el Pleno del Congreso en nombre de su grupo la propuesta del Partido Popular para reformar el régimen estatutario del personal de los cuerpos de Instituciones Penitenciarias. Señaló que la proposición de ley presentada por los ‘populares’ “se aparta del actual modelo de política penitenciaria que rige en la Constitución” y advirtió de que de imponerse “el resultado sería una pérdida de neutralidad y un incremento de la politización de la institución, así como, y nos preocupa mucho, la pérdida de derechos laborales para el personal penitenciario”.

Santiago defendió durante su intervención tanto la labor que realizan los profesionales de Instituciones Penitenciarias como de la de la mayoría de su representación sindical a la hora de defender unos derechos que les costó mucho conseguir. Recordó que el Estatuto Básico del Empleado Público indica “qué personal tiene legislación específica propia” y que “la Constitución no ha querido hacer una reserva expresa para que el personal penitenciario se regule por un estatuto propio”.

Consideró que el “único fin” de una legislación específica en materia de profesionales penitenciarios “sería garantizar la imparcialidad e independencia de la institución, y esta proposición de ley provoca lo contrario”.

El PP quiere sustituir el tratamiento penitenciario por la custodia policial sin derechos laborales para los funcionarios, como durante el franquismo. Sería un retroceso para las prisiones y para toda la sociedad, incompatible con el mandato constitucional de la reinserción. pic.twitter.com/QjFXhuBy9T

— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) April 20, 2021

En esta misma línea pedagógica a ilustrativa, enfrentada a la propuesta partidista y arbitraria del PP, señaló que la ejecución de las condenas en una democracia “está vinculada al respeto de los derechos humanos, tanto de las víctimas de los delitos, mediante el cumplimiento de las sanciones de manera que se conviertan en un instrumento de prevención de otros delitos, como de los victimarios, que deben cumplir la sanción como parte de un itinerario de reinserción y resocialización”.

Con este punto de partida, Santiago consideró “imprescindible” que el cumplimiento de las sanciones penitenciarias “se someta a una permanente fiscalización y control por parte de todas las instituciones competentes”, mientras que la derecha lo que busca es “otorgar una mayor autonomía a la administración penitenciaria” pero de manera interesada para separarla “del resto de las administraciones competentes en materia de justicia”.

Avisó de que la administración penitenciaria tendría la competencia para regular aspectos propios de la ejecución y gestión de sus funciones, decidir los medios personales y materiales, los recursos económicos necesarios para el ejercicio de sus funciones y “todo con menos controles” que los que existen ahora, “es decir, se configuraría como un poder autónomo, apartándose del modelo que se registra en la Constitución”.

Enrique Santiago apuntó también de que el PP pretende convertir el “modelo de tratamiento penitenciario al infractor en un modelo policial”. Por ello, indicó que “no perdamos de vista que la propuesta transforma el modelo de tratamiento, resocialización y prevención, e incluso abre la posibilidad de que vuelva a ser un cuerpo armado”.

Consideró así que el ‘ius puniendi’ (derecho a castigar) del Estado, que desde la Ilustración se justifica en que la pena debe perseguir la disuasión y represión posible de futuros delincuentes, “es incompatible con un modelo que sea de exclusiva vigilancia” como quiere la derecha.

“Proponer -dijo- una clasificación y denominación de los cuerpos de Instituciones Penitenciarias, así como la uniformidad y los emblemas, con un marcado corte policial, contraviene el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, pero también las reglas penitenciarias europeas”.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos advirtió, a su vez, que la propuesta del PP ponía especial interés en derogar el Real Decreto 2298/1979 (sobre naturaleza y derecho de asociación de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias), precisamente “el decreto que trajo los derechos sindicales y de asociación de los funcionarios”. Es decir, para Santiago derogar esta norma “abre la vía para volver al modelo de cuerpo armado de prisiones existente en la dictadura. Eso es un retroceso no solo para el modelo de prisiones, también para toda la sociedad. Esa normativa reconoció el derecho de libertad de asociación, pero también fue la base para democratizar la institución”.

Enrique Santiago explicó que el personal penitenciario “no puede ser un cuerpo armado” porque “resulta incompatible con el cumplimiento del mandato constitucional de reinserción”. Abundó en este aspecto al señalar que la propuesta del PP “no cumple con lo mínimos estándares democráticos pero, además, tiene una deficiente técnica legislativa. Los cuerpos funcionariales legitimados para usar armas se regulan por estatutos específicos mediante ley orgánica, por mandato expreso constitucional, y la Constitución no incluye a Instituciones Penitenciarias entre los cuerpos que pueden utilizar armas”.

Además de todo lo expuesto, denunció que el texto de la formación que lidera Pablo Casado “también recorta los actuales derechos del personal penitenciario”, de ahí que para la mayoría de los sindicatos con representación “el proyecto es profundamente reaccionario porque pretende acabar con el sistema penitenciario de la democracia”.

Detalló que los derechos laborales y profesionales de los funcionarios de prisiones se verían muy afectados de negativa porque “se deja a la libre decisión del gobierno de turno el perfil de los profesionales, el catálogo de puestos de trabajo y áreas funcionales, el sistema de cobertura de plazas, los requisitos para ascender, los criterios para evaluar el desempeño o para pasar a segunda actividad”.

“Cambia, en general, el modelo de acceso a los cuerpos penitenciarios, permitiendo que cada gobierno pueda aprobar de forma arbitraria nuevos requisitos para ingresar”, siguió completando sus argumentos, además de que “modifica el sistema general de provisión de puestos de trabajo, que hasta ahora es de concurso, y lo sustituye por la libre designación. Es decir, la excepción a la norma, la arbitrariedad, se convierte en la regla general en prisiones”.

Para Enrique Santiago, aún más grave es “la eliminación del trámite obligatorio de negociación laboral colectiva, supliéndola por la regulación de las condiciones laborales vía reglamento y reduciendo la negociación de los sindicatos a ‘ser oídos e informar’. El personal laboral de prisiones quedaría sin ámbitos de representatividad y negociación, y desaparecerían los comités de empresa”.

Recordó que a día de hoy Instituciones Penitenciarias está negociando con los sindicatos la reforma de las actuales normas que regulan los cuerpos penitenciarios. Apoyó esta negociación porque “es unánime la necesidad de proceder a adecuar dichas normas a la realidad actual, modernizando e impulsando la carrera profesional y su especialización. Es necesario rejuvenecer el cuerpo y mejorar aspectos como la sanidad, en lo que están empeñadas las organizaciones sindicales”.

Indicó al grupo proponente que, de hecho, “se está negociando ese texto con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias” para formular “una propuesta común y consensuada sobre los derechos que se regularían a través de una ley específica”.

Santiago pidió al PP que “retiren su propuesta, dejen que los sindicatos acuerden con Instituciones Penitenciarias y, una vez que se haya alcanzado el acuerdo, se traiga a esta Cámara para que se apruebe una norma con el máximo consenso posible entre las fuerzas políticas, partiendo desde luego del acuerdo con los sindicatos”.

El objetivo es impedir “cualquier norma donde existan mecanismos clientelares o de control político, la arbitrariedad o que se politice esta imprescindible función pública. No podemos permitir ninguna regresión en los derechos laborales y debemos impedir el aislamiento de la sociedad del colectivo profesional”, resumió para finalizar.