El informe ‘Justicia privatizada’ examina uno de los puntos más polémicos del TTIP

Ecologistas en Acción presenta junto a Jueces para la Democracia el informe ‘Justicia privatizada’, en el que se analiza cómo las compañías multinacionales utilizan un sistema de justicia privada para disciplinar a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados.

En otoño de 2015 la Comisión Europea presentó una propuesta para garantizar amplios privilegios a los inversores extranjeros en todos los futuros acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE). La propuesta llegó en un contexto de creciente preocupación popular por la inclusión del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés) en acuerdos comerciales comunitarios como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) entre la UE y los Estados Unidos, y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá.

Ecologistas en Acción denuncia que la Comisión Europea no ha escuchado a las millones de personas europeas que han exigido que se ponga fin a los privilegios injustos de los que gozan las grandes empresas y los mecanismos de arbitraje anti-democráticos, peligrosos e injustos.

Este mecanismo, que se aplica a muchos tratados internacionales de comercio e inversión vigentes, ha propiciado un auge de controvertidas demandas interpuestas por grandes empresas contra Estados que han adoptado medidas reguladoras para proteger la salud, los derechos laborales, el medioambiente o el interés público.

En 2015, España fue el país más demandado ante tribunales privados de arbitraje. En el mundo se presentaron un número récord de 70 casos de arbitraje internacional. El número total de demandas inversor-Estado de conocimiento público alcanzó 696. 

El hecho de que en los tratados comerciales y acuerdos de inversión, tanto en los firmados en las pasadas décadas como en los que se hoy se están negociando (como el TTIP y el CETA), se incorpore el recurso a estos tribunales arbitrales como el principal mecanismo de resolución de conflictos entre los grandes inversores y los Estados representa una amenaza para el pleno ejercicio de la democracia, la soberanía y los derechos sociales.

El informe, elaborado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) para Ecologistas en Acción, denuncia el uso de dicho mecanismo por multinacionales españolas que en una treintena de veces han presentado solicitudes de arbitraje internacional contra países de América Latina. Se examinan casos de Abengoa, Repsol y Gas Natural Fenosa.

También se analizan las 23 demandas contra el Estado español, pendientes de resolución, que tienen que ver con los recortes de los últimos gobiernos españoles –primero, el ejecutivo de Zapatero; después, el gobierno de Rajoy– al sector de las energías renovables. En todos los casos se alega la vulneración del Tratado de la Carta de la Energía. Se podría producir el pago de indemnizaciones por valor de miles de millones de euros a cargo de los presupuestos públicos que provocarían nuevos recortes sociales.

Con el informe, Ecologistas en Acción y OMAL defienden una apuesta política hacia la justicia comercial deshaciéndose del arbitraje privado.

“En este momento, en el que se discute en el Consejo Europeo la ratificación del tratado UE-Canadá, exigimos al Gobierno en funciones que se abstenga a maniobrar a favor del CETA y demandamos a los Estados miembros de la UE que no autoricen la Comisión Europea a firmar dicho tratado porque expandiría los mecanismos de blindaje a los intereses de las empresas transnacionales”, expone Concepción García, de Ecologistas en Acción.

El capítulo de protección a la inversión en el CETA abre la posibilidad a que se interpongan más demandas de arbitraje porque introduce explícitamente el concepto de “expectativas legítimas” de los inversores. Un inversor solo puede argüir una violación de las “expectativas legítimas” que podría aludir a cualquier medida, acción o incluso indicación verbal de un funcionario del Gobierno que, según el inversor, le haya inducido a realizar o mantener una inversión.

Asimismo, mediante el informe se pide la suspensión de las negociaciones del TTIP, se plantea mejorar las condiciones de los tribunales nacionales –aumentando el personal, por ejemplo–, eliminar los tribunales arbitrales privados y crear una Corte Mundial sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos.