Los movimientos de Extremadura por los derechos sociales reclaman medidas efectivas y reales en el nuevo proyecto de ley de medidas contra la exclusión social

Los movimientos por los Derechos Sociales de Extremadura (Campamento Dignidad, Red de Solidaridad Popular y Plataforma de Parados y paradas de Cáceres) tras su comparecencia en la asamblea de Extremadura han  hecho entrega a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura de un documento de propuestas urgentes para ser contempladas en el proyecto de ley de medidas contra la exclusión social, actualmente en tramitación en el Parlamento.

Para los movimientos por los Derechos Sociales la evaluación global del documento presentado por el gobierno es de “muy decepcionante” por no encontrarse a la altura de la situación de paro, pobreza y precariedad existente. Es una norma con cambios muy menores, que no cambia el rumbo y que está muy condicionada por el presupuesto restrictivo aprobado hace poco más de dos meses. A nuestro juicio se ha hecho una  norma a la medida del dinero que se quiere gastar, no de las necesidades que hay que atender.

Por todo ello se ha elaborado por parte de movimientos por los Derechos Sociales de Extremadura un documento de mínimos para avanzar, pero que debe concluir después de este parche, en una nueva ley de renta básica y de los derechos sociales en el plazo menor de un año.

Estos son las propuestas más significativas presentadas en el documento (se adjunta el texto integro en un documento aparte):

·  Reducción de plazos. Es intolerable que se tarde casi nueve meses en resolver una petición de ayuda de subsistencia cuando con menos de dos meses sobra. Se propone reducir el plazo de seis a meses propuesto en la ley a solo dos. Se debe fijar asimismo una fecha fija de cobro.

·  Basta de criterios arbitrarios de concesión. La “dificultad personal y social” y la “exclusión” como requisitos para la renta básica solo son subterfugios de la administración para dictar resoluciones arbitrarias. Los requisitos tienen que ser objetivos y basados en la inexistencia de ingresos.

·  La Renta Básica debe ser compatible con ingresos inferiores a la misma. Los/as trabajadores pobres deben tener derecho a la diferencia entre sus ingresos y el importe de la renta básica que les corresponde.

·  Financiación suficiente. Se debe garantizar una financiación mínima. El grupo socialista en la oposición a la ley de renta Básica propuso una asignación minima de 0,5% del PIB (86 millones de euros).parece coherente que lo cumpla cuando gobiernan.

·  Incremento de la cuantía de la renta básica. Las cuantías de la renta básica están por debajo del umbral de la pobreza, como ha advertido el Comité Europeo por los derechos Sociales. Se propone un calendario de incremento.

·  Cambio en el sistema de ayudas por contingencias (deudas vivienda, equipamiento y necesidades básicas…). Después de la catástrofe que ha supuesto resolver 70 de 5.000 solicitudes en 6 meses se necesita garantizar una financiación real al sistema de ayudas (0,03 del PIB), unos plazos máximo de dos meses para resolver y la eliminación de los criterios restrictivos.

·  Mínimos vitales. Se tiene que incorporar el gas como derecho junto con la luz y el gas. El pago del consumo y en la cantidad que se ha puesto en la ley no garantiza nada, se tiene que garantizar el pago de la factura completa en la pobreza energética severa y garantizar la financiación suficiente (0,07 % del PIB, que son los 12 millones de euros prometidos por Vara en su “agenda del cambio”).

·  Vivienda. Es necesario decretar la Suspensión de todos los desahucios de vivienda habitual en las viviendas sociales y una auditoria completa de la deuda de las familias y amnistiar la misma cuando se haya generado por falta de ingresos.

Las propuestas presentadas en el documento  han sido presentadas a los distintos grupos parlamentarios en el trámite de enmiendas al proyecto de ley en espera de una mejora significativa del texto en este periodo.

Entendemos como hemos dicho que, después  de esta reforma urgente y parcial  debe iniciarse desde un dialogo con todos los sectores, incluidos los movimientos por los derechos sociales, para una reforma estructural de los derechos sociales mediante la aprobación de una Ley Extremeña De Acceso  a la Vivienda y una nueva Ley De Renta Básica y Derechos Sociales de Extremadura.