El ecologismo europeo pide a la Comisión dureza con España si revierte Madrid Central

En mayo de 2018 la Comisión Europea tomó la decisión de no llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia, decisión que fue percibida como arbitraria por parte de aquellos países que no se salvaron de los tribunales. España formaba parte de un paquete de nueve países que, tras un largo procedimiento de infracción por exceder los límites de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) desde 2010, iban camino de acabar en la corte europea, tras varios apercibimientos.

La decisión se daba por hecha y la futura multa millonaria por segura. Sin embargo, en un último intento de buscar soluciones para encarrilar el grave problema de la contaminación, el Comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, en una especie de ultimátum, convocó en enero de 2018 a los nueve estados infractores a una cumbre ministerial.

Cuatro meses después, en mayo de 2018, la Comisión llevó a seis de estos países al tribunal de Luxemburgo. Tres de los Estados miembros se salvaron, entre ellos España (los otros dos fueron Chequia y Eslovaquia). Las razones esgrimidas por el Comisario fueron que “las medidas anunciadas, aún en fase de preparación, podían hacer frente de forma adecuada a las deficiencias existentes, si se aplicaban adecuadamente y en el tiempo previsto”, aunque anunció que España seguiría bajo una vigilancia estricta en la aplicación de dichas medidas. Madrid Central era la medida estrella.

Ante la decisión del nuevo Gobierno madrileño de desmantelar Madrid Central, algunas de las principales organizaciones ecologistas europeas han enviado una carta al Comisario Vella, mostrando su estupor. En el escrito solicitan explícitamente que, de mantenerse la medida y una vez anunciada la suspensión del sistema de multas de Madrid Central, retome el procedimiento de infracción donde lo dejó.

Las entidades firmantes entienden  que la Comisión Europea debe hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar los derechos fundamentales de toda la ciudadanía de la UE. Estos derechos incluyen el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente de calidad.
 
Entre las organizaciones firmantes se encuentra el European Environmental Bureau (EEB) -principal federación europea de organizaciones ecologistas que está presente en más de 30 países-, Transport and Environment (T&E) -principal federación ecologista europea de transporte- y la organización de abogados Client Earth, conocida por haber llevado al Gobierno británico a los tribunales por la contaminación del aire. Ecologistas en Acción es miembro de las dos primeras.

Asimismo, organizaciones ecologistas nacionales de Alemania, Francia, Rumanía, Hungría e Italia, países que sí fueron castigados por la infracción, han escrito cartas de urgencia a las embajadas de España en dichos países. Piden una rectificación urgente para evitar que nuestro país siga la senda que decidieron tomar sus gobiernos al no actuar.

La decisión de implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) como Madrid Central provocó en su día el respeto y admiración del ecologismo en dichos países, que ahora asisten a su desmantelamiento sin dar crédito. Por ello, solicitan encarecidamente que se reconsidere la decisión ahora que aún se está a tiempo, para evitar así la reversión de una medida exitosa, que sentaría el primer precedente negativo en este sentido a nivel europeo.