Concentración para que ‘Recuperemos nuestro patrimonio público’ frente a uno de los bienes inmatriculados, la iglesia de Santa Ana (Granada)

MANIFIESTO NACIONAL 22 DE JUNIO

‘Recuperando nuestro patrimonio público’

Gracias a la tenacidad del movimiento ciudadano patrimonialista, hoy sabemos que la Iglesia católica ha privatizado casi 35.000 bienes desde 1998, buena parte de ellos pertenecientes al incalculable legado cultural construido y sostenido desde tiempo inmemorial por los pueblos y las instituciones públicas. Pero la cifra puede triplicarse si se incluyen en el listado todos los bienes inmatriculados desde 1946 en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que otorgaba a la Iglesia católica un privilegio claramente inconstitucional.

La publicación parcial del listado de bienes inmatriculados el pasado febrero es un éxito sin paliativos del movimiento ciudadano. Pero es un éxito insuficiente. El Gobierno presuntamente más progresista de la historia ha incumplido su compromiso programático y ha dado carpetazo a este escándalo monumental legitimando la apropiación eclesiástica de decenas de miles de edificios, fincas, plazas, cementerios y monumentos que forman parte de nuestra historia común.

Conviene recordar hoy las palabras del presidente Sánchez en su solemne discurso de investidura ante nada menos que la sede de la voluntad popular: “El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. Ha transcurrido año y medio desde entonces y el Ejecutivo no solo no ha movido un dedo para anular las inmatriculaciones ilegítimas sino que, de forma clandestina y absolutamente opaca, ha acordado con la jerarquía católica amnistiar el inmenso expolio patrimonial. 

En todo este tiempo, el Gobierno no ha tenido ni siquiera el decoro de recibir a Recuperando u otras organizaciones patrimonialistas para escuchar sus argumentos. Y lo que es peor: ha dejado en manos de ayuntamientos y particulares la eventual reclamación ante los tribunales de lo que a todas luces es una cuestión de Estado. Es preciso subrayar que nuestra reivindicación no es un asunto de carácter religioso sino estrictamente patrimonial.

Hoy, a iniciativa de la Coordinadora Recuperando, nos convocamos aquí y en otras 16 ciudades de 9 comunidades autónomas para recordarle a nuestro Gobierno sus compromisos ante el Congreso de los Diputados. Y para decirle que no vamos a tirar la toalla. Y que vamos a seguir reclamando una solución global y justa que devuelva al dominio público lo que ha sido históricamente de todas y de todos.

En Granada, tenemos como ejemplo significativo la emblemática iglesia de Santa Ana (más casa rectoral y jardines), inscrita para la Iglesia en 1991, a pesar de que eso no era legal antes de 1998. Entre los bienes inmatriculados en el periodo contemplado por el Gobierno, no figura en el listado, por ejemplo, el conjunto catedralicio de Granada (Catedral, Capilla Real y Sagrario), registrado por el arzobispado el 22 de junio de 2015, y tampoco otras iglesias y bienes inmuebles de la provincia (en Atarfe, Moclín, Alhama, Almuñécar, Maracena, Armilla, Albuñol,…). De hecho, en el listado del Ministerio de Justicia solo aparecen 244 bienes, cuando en realidad son un total de al menos 1.047 inmuebles. Recordemos que también es incompleto el informe del Gobierno debido a que los bienes inmuebles enumerados no están debidamente identificados.

Consideramos que el dislate gubernamental tiene como consecuencia que se legitima la mayor parte del expolio llevado a cabo por la Iglesia católica a lo largo de siete décadas. El Gobierno se hace cómplice del mayor escándalo inmobiliario de la historia de España.

Junto a Europa Laica y a la Plataforma Recuperando, Granada Laica reclama de la comunidad política que busque fórmulas normativas para declarar nulas todas las inmatriculaciones realizadas sin título suficiente, y en particular el patrimonio histórico de raíz religiosa, el cual debe estar afectado al dominio público.

Asimismo, reclamamos de los grupos parlamentarios y del propio Gobierno que presenten de forma urgente una reforma de la Ley de patrimonio histórico para dar una solución definitiva a la protección del patrimonio histórico de raíz religiosa.