Presentación de la Agenda de la Infancia para mejorar la vida y la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Comunicado Secretariado STEs-i

El Informe sobre los progresos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 20201 señala que el cierre de escuelas en todo el mundo puede revertir años de progreso en el acceso a la enseñanza; que sin medidas correctivas, los efectos de la COVID-19 solo se sumarán a los obstáculos que ya enfrentan los niños y niñas pobres para completar su educación; que la enseñanza a distancia continúa fuera del alcance de la mayoría de los alumnos y alumnas de los países más pobres; que el cierre de escuelas genera riesgos adicionales para la salud y la seguridad de los niños y niñas vulnerables; y que la falta de infraestructura básica en las escuelas, como instalaciones para lavarse las manos, dificultará la recuperación ante la COVID-19. En definitiva, la pandemia está profundizando la crisis de la educación y ampliando las desigualdades educativas existentes.

El Informe enviado al Consejo de Derechos Humanos por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, tras su visita a España, en enero y febrero de 2020, recogía la cruda realidad: “el 29,5 % de las niñas y niños estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, y el 6,5 % sufría de carencia material severa. Las tasas de pobreza infantil son aún más intensas en las zonas rurales, en la población inmigrante, refugiada y romaní, y en las familias con personas con discapacidad. Los hogares con niñas, niños o adolescentes corren un mayor riesgo de pobreza o exclusión social, y el 29 % de los hogares con hijas o hijos tienen “grandes dificultades” para llegar a fin de mes. Las políticas adoptadas en España para eliminar la extensa pobreza infantil, señalaba Philip Alston, son vergonzosamente insuficientes y representan tanto un fracaso moral como una herida económica autoinfligida.

La educación y la pobreza están estrechamente vinculadas: “el 33,7 % de las personas con el nivel más bajo de educación (enseñanza primaria como máximo) corrían riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, en comparación con solo el 12,6 % de las personas con educación superior; sin embargo, la inversión pública absoluta en educación, expresada como porcentaje del PIB, se redujo significativamente entre 2009 y 2017, y que existen auténticos problemas con el coste y la calidad de la educación, además de la segregación por nivel socioeconómico y etnia.

Según datos de la Comisión Europea relativos a 2017, el 25,7 % de los hogares con niñas o niños en riesgo de pobreza tenían grandes dificultades para pagar los gastos de educación.

Sigue recogiendo el informe Alston que, en 2018 España fue el país de la Unión Europea con la mayor tasa de abandono escolar temprano (17,9 %). Esa realidad tiene un costo estimado de entre el 5,9 % y el 10,7 % del PIB total. El país también tiene el segundo índice más alto de repeticiones de curso de la Unión Europea, y el alumnado más desfavorecido económicamente repite curso en un porcentaje seis veces mayor que los demás grupos. Estas preocupantes cifras ponen en entredicho la totalidad del sistema educativo y representan una sangría para la economía.

No es casual que la LOMLOE recoja en su preámbulo “el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema educativo, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos.”

Así mismo la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible señala como uno de sus objetivos ‘garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos’ (ODS4).

Por todos estos motivos desde STEs hemos elaborado esta agenda. Se han desarrollado en tres bloques principales:

Prioridad 1: Pobreza infantil, violencia contra la infancia y derechos de la infancia que son derechos humanos.

Prioridad 2: La participación de la infancia en los temas que les afectan directamente o son de su interés.

Prioridad 3: La insistencia en la garantía y reconocimiento de la educación como derecho universal.

Desde el análisis, el debate, el diálogo entre expertas y expertos se han extraído 115 recomendaciones para ayudar a nuestras Administraciones a elaborar Políticas Públicas que mejoren la vida y la educación de la Infancia, sin exclusiones, sin excusas y sin demora.