Colectivos sociales se movilizan para denunciar los 9 años de la Ley Mordaza: sábado, 22 de junio

La movilizaciones tendrán lugar entre el 22 junio y el 1 de julio, fecha esta última en la que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza cumple 9 años de su entrada en vigor. Cuatro citas abrirán esta semana de movilizaciones, el sábado 22 de junio a las 19:30 en Madrid frente al Congreso de los Diputados, en Murcia a las 19:00 hrs  junto a la manifestación del Orgullo LGTBIAQ+, y desde León se hará una acción virtual. El domingo 23 de junio se manifestarán en Cádiz, a las 11:00 en la Plaza de la Constitución. Para el 1 de julio habrá convocatoria en Vitoria-Gasteiz en la Plaza Virgen Blanca. 

Una de las principales reivindicaciones de la Plataforma, según declaran, es que “la reforma de la ley incluya 10 puntos básicos”, resumidos de la siguiente manera:

 1  Que la nueva ley, establezca unos criterios claros y predeterminados que garanticen la seguridad jurídica de todas las personas ante la ley, y que se eliminen todos los conceptos jurídicos indeterminados o abiertos a interpretación.

 2  La eliminación de la “presunción de veracidad” de los agentes policiales que ahora incluye la ley, para garantizar de forma efectiva el derecho a la presunción de inocencia de la ciudadanía.

 3  Igualdad y no discriminación: prohibir las identificaciones por perfil étnico-racial y definir este tipo de actuaciones como discriminatorias. Se pide que los agentes vayan debidamente identificados ante cualquier interacción con la ciudadanía, portando la Tarjeta de Identificación Profesional en pecho, espalda, laterales y casco, de manera que sea visible perimetralmente.

 4  Protección de los datos de carácter personal mediante la eliminación de cualquier registro de antecedentes por sanción administrativa y de todos los datos incluidos en el registro de infractores bajo la supervisión de la Agencia de Protección de Datos.

  5, 6, y 7  Ningún derecho fundamental podrá ser limitado:

• Libertad de expresión y derecho a la información, se pide la eliminación del artículo sobre faltas de respeto a la autoridad y la prohibición de difundir imágenes de los agentes.
• Derecho de reunión: prohibir de forma expresa el uso de material antidisturbios especialmente lesivo, como las balas de goma.
• El derecho a la intimidad: ninguna persona a la que se acuse de haber cometido una infracción administrativa podrá ser cacheada; salvo comisión de delito y con la debida autorización judicial. Establecer protocolos claros de cacheo para garantizar la seguridad y el respeto de la intimidad de las personas.

  8  No criminalizar el autoconsumo de las personas usuarias de estupefacientes y dejar de considerarlo como un problema de seguridad ciudadana.

  9  Prohibición de las llamadas “devoluciones en caliente” en la frontera y la prohibición de devolver a una persona antes de que haya concluido todo el proceso de petición de asilo.

  10   Especial protección de la diversidad y de las personas más vulnerables.

Fritas a multas y represaliadas a nivel laboral y social, como consecuencia de esta ley.

En decenas de ocasiones como ésta, colectivos y organizaciones sociales han salido a la calle para manifestar que esta ley es “desproporcionada”. Hasta en tres ocasiones han acudido al Congreso de los Diputados para denunciar ante los representantes parlamentarios los efectos lesivos de esta ley para el ejercicio de los derechos fundamentales y las consecuencias tanto a nivel social, económico y político, como a nivel personal o laboral.

Entre las últimas denuncias recogidas, se encuentran casos como el del grupo vecinal No a la Tala en Madrid, que acumula un total de 20 mil euros en multas por negarse a la tala de más de 1.000 árboles en sus vecindarios. En otro caso reciente, recogido durante el último acto celebrado por No Somos Delito en el Congreso, la afectada narraba las represalias laborales sufridas por su participación en la protesta de Rebelión o Extinción a las puertas de la Cámara. Portar la pancarta de cabecera durante esta acción, le costó a esta persona una ficha policial y la expulsión de su trabajo como intérprete en el Congreso de los Diputados, una labor que llevaba ejerciendo desde hacía 30 años, según contó en el acto.

Desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, en concreto el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, resaltan que en sus 10 años de actividad dedicada a frenar centenares de procedimientos judiciales de desahucio en el vecindario, llevan acumulada sólo desde 2021 una cifra de más de 44 mil euros en multas y dos personas se enfrentan a condenas de 9 meses de cárcel.

Por su parte, la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales denuncia que, desde que entró en vigor, han acumulado 54 mil euros en multas por la aplicación de esta ley que las sanciona principalmente bajo los artículos que penalizan la exhibición obscena y la desobediencia a la autoridad; estudiantes del grupo Defendemos Palestina hablaron de otros 21 mil euros en multas por protestar ante la visita de la Embajadora de Israel en la Complutense; el grupo antimilitarista Desarma Madrid contabilizaba multas por protestar pacíficamente de un valor superior a los 20 mil euros; y la Federación de Consumidoras de Cannabis destaca que “un 72%, de lo recaudado por la ley en el último año se corresponde a sanciones relacionadas con el autoconsumo de cannabis”. 

No Somos Delito organizó este tercer encuentro en el Congreso, como la antesala de esta semana de movilizaciones, para recordarle a los grupos parlamentarios allí presentes (PSOE, Sumar, Podemos y ERC) su compromiso de reformar esta ley y para exigirles que “se haga, cuano antes, una reforma integral de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y no enmiendas de poco calado que supongan un mero maquillaje”, tal y como declararon en su intervención.