Greenpeace denuncia que la reducción de emisiones propuesta por la Comisión Europea para España es ridícula

La Comisión Europea ha publicado el reparto de reducción de emisiones para los sectores difusos de los 28 para 2030, con el desalentador e incoherente resultado de que los compromisos exigidos no serían suficientes para cumplir los acuerdos alcanzados en la Cumbre del Clima de París de diciembre del año pasado.

En el caso de España, le correspondería tan solo una reducción del 26% para 2030, respecto a los niveles de 2005, un dato que Greenpeace considera ridículo ya que España, debido a la crisis económica, en 2013 ya había reducido más de un 21% sus emisiones difusas.

“La Comisión ha perdido una oportunidad importante para intensificar la acción climática de la UE en esta propuesta de reparto del esfuerzo de reducción de las emisiones al no introducir un mecanismo para aumentar y mejorar los objetivos”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace en España. “Además, la Unión Europea se comprometió en la Cumbre de París a que la temperatura del planeta no aumentara más allá de los 1,5 ºC, y esta propuesta imposibilitaría el cumplimiento del acuerdo”.

España es actualmente la quinta potencia económica de la UE (la cuarta tras el Brexit) sin embargo prácticamente no tendrá que reducir sus emisiones ifusas (el transporte, los edificios y la agricultura) y a penas contribuirá a los objetivos europeos de reducción del 30% para 2030.

Greenpeace considera que el nuevo Gobierno de España deberá tener en sus prioridades desarrollar políticas para reducir sus emisiones más allá del 26%, lo que abrirá además oportunidades para el crecimiento de la economía verde, un mejor transporte público, aire y agua más limpios, menos pobreza energética y más puestos de trabajo.

La organización ecologista señala que la reducción de emisiones que ha experimentado España en los sectores difusos desde 2005 solo responde a la situación de crisis económica, por lo que el Gobierno debe diseñar un plan que garantice no solo el cumplimiento del reparto europeo de la reducción de emisiones, sino que también tendrá que incluir medidas estructurales que lo permitan una vez el país salga de la crisis económica.

De acuerdo con el último inventario de gases de efecto invernadero (GEI) correspondiente al período 1990-2014 (EU annual greenhouse gas inventory)  que la Unión Europea presentó el mes pasado a las Naciones Unidas, España es el país continental de la UE que más aumentó sus emisiones. En concreto, un 15% respecto a 1990, un porcentaje que la situaba en 2014 en torno a 35 puntos de distancia de los objetivos fijados para el 2020.

El sector transporte es el que más ha aumentado sus emisiones respecto a 1990 en España, (un 35% más), lo que socava incluso los esfuerzos de otros sectores.

El transporte es responsable del 10% de las emisiones de CO2 en España y de ellas, el 40% corresponden a la movilidad en zonas urbanas y metropolitanas. Por esta razón, la organización ecologista pide a los municipios españoles que reduzcan sus emisiones un 50% hasta el año 2030, para lo que deberían reducir un 35% los desplazamientos en automóviles en las grandes áreas urbanas y metropolitanas y derivarlos al transporte público, la marcha a pie y la bicicleta. Estas medidas son las mínimas para hacer que la movilidad urbana contribuya activamente a mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de 1.5ºC y salvar el clima.

La propuesta carece de un elemento esencial que permita fortalecer automáticamente los objetivos nacionales una vez se haya revisado el compromiso global de la UE. Después de toda la retórica sobre la necesidad de aumentar la ambición a través de revisiones periódicas que la UE impulsó en París, no incluir un mecanismo de revisión y mejora en nuestras propias leyes envía una señal débil y contradictoria en el extranjero.