La Ley de Senderos comienza su andadura tras conseguir el apoyo del Parlamento de Andalucía
El PSOE se queda solo en su 'no' a una Ley que el Gobierno andaluz mantiene en el cajón desde hace 9 años en el cajón. El parlamentario de Podemos David Moscoso ha defendido el texto presentado, que marca un nuevo camino en el Parlamento de Andalucía.
El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la conocida ya como Ley de Senderos de Andalucía, la proposición de ley presentada por Podemos que persigue regularizar y mejorar la práctica del senderismo y deportes de montaña en Andalucía. Un texto legal con el que cuentan ya siete comunidades autónomas, entre ellas Aragón y País Vasco, con una amplía tradición de senderismo y deportes de montaña.
David Moscoso, el parlamentario de Podemos Andalucía -y profesor de Sociología del Deporte en la Universidad Pablo de Olavide- encargado de la redacción y defensa del texto, ha señalado que «el entendimiento y el diálogo» son el camino a seguir en la defensa de Andalucía, y en trabajar en todo aquello que repercuta «de forma positiva en la vida de los andaluces y las andaluzas».
Según ha explicado Moscoso, esta norma busca solucionar la «falta de regulación que existe en la actualidad» en los senderos en Andalucía, así como «la falta de coordinación entre entidades e instituciones en su mantenimiento».
Además, Moscoso ha resaltado que esta norma servirá para potenciar y afianzar el turismo rural y deportivo, de máxima importancia en otros países, como Francia y Alemania. , porque que no exista esta regulación «supone un perjuicio para el potencial del turismo en la comunidad, sobre todo en el medio rural».
Desde Podemos Andalucía se espera que «esta iniciativa pueda suponer un punto de inflexión en esta legislatura» y que los parlamentarios «estén dispuestos a caminar juntos y recorrer de manera constructiva la legislatura».
Recordamos que la Ley de Senderos es la primera proposición de Podemos Andalucía que ha iniciado su tramitación. Recordamos también que hace nueve años que el Gobierno andaluz encargó un informe, de 30.000 euros, para iniciar los trámites de esta ley, que quedó, durante nueve años, metida en un cajón.