El polémico trato de la Junta de Castilla y León a una multinacional minera

Los 204 habitantes de Retortillo viven desde hace años sumidos en la incertidumbre. Temen que el profusamente anunciado y publicitado proyecto de la empresa minera Berkeley de explotar una mina a cielo abierto de uranio acabe con su pequeño municipio salmantino. A pesar de las innumerables querellas, protestas, informes y declaraciones, la empresa ha anunciado que tiene intención de comenzar a explotar la mina que convertirá a Retortillo en una “gran balsa de uranio” a finales del año 2019.

El proyecto minero, que ha venido anunciándose desde que obtuvo la declaración impacto ambiental en el año 2013, ha estado rodeado de polémica y de la oposición frontal de los vecinos de los municipios colindantes. A los evidentes problemas medioambientales que llevaría aparejada la explotación extractiva a cielo abierto de este material radiactivo, se unen las constantes denuncias por el trato de favor que ha venido recibiendo desde la institucionalidad.

En primer lugar desde el ayuntamiento del propio municipio de apenas dos centenares de habitantes. Según denunciaba el pasado año la plataforma vecinal de oposición Stop Uranio, fue el propio alcalde de Retortillo de la época, Javier Santamaria, del Partido Popular, quién vendió los terrenos donde Berkeley instaló sus oficinas. En las elecciones de 2015 el gobierno municipal cambió de color con la oposición a la mina como telón de fondo. Sin embargo, las plataformas de oposición no vieron mejorar su suerte en exceso. El nuevo regidor socialista, Lorenzo Calderón Oliva, se veía obligado a dimitir tras ser censurado por sus propios compañeros de partido en el consistorio en su posición sobre la mina. Su sucesor, el también socialista Manuel Francisco Hernández Prieto retorno a la política favorable al proyecto, llegando a recibir una querella de Stop Uranio el pasado año por prevaricación urbanística ante “la inacción del ayuntamiento que dirige ante las presuntas infracciones urbanísticas y medioambientales cometidas por Berkeley Minera España S.L. en ese municipio».

Junto al ayuntamiento, la administración que más ha favorecido el desarrollo del proyecto ha sido la Junta de Comunidades de Castilla y León. El parlamentario en las Cortes de Castilla y León de Izquierda Unida-Equo José Sarrión, denunciaba esta semana la utilización de la ley de expropiación forzosa por parte de la Junta en al menos tres ocasiones desde 2016 para favorecer las prospecciones mineras de Berkeley en terrenos privados de otros propietarios.

“Se está poniendo en manos de una empresa privada los medios que tiene una Administración Pública que debe estar al servicio de los ciudadanos”, declara Sarrión. El procurador ha presentado una batería de preguntas en las Cortes para cuestionar los motivos que justifican el expediente de expropiación para la ocupación temporal de las fincas “para unos proyectos mineros que aún no han sido concretados en el tiempo pesar de los años transcurridos desde su anuncio”.

Viabilidad económica del proyecto

La cuestión de los años transcurridos desde el anuncio de la mina no es una cuestión de menor importancia. Cuando el proyecto recibió el visto bueno del Ministerio de Industria, la ex ministra Cristina Narbona manifestó una firme oposición al mismo argumentando, más allá de las cuestiones medioambientales inherentes de la que sería la única mina de uranio a cielo abierto de toda Europa, que si quiera era un proyecto viable económicamente. Según apuntaba, el uranio de la zona tenía un contenido pobre cuya explotación no era siquiera rentable económicamente.

Esa gravísima advertencia no ha parecido detener la actividad de Berkeley, que este miércoles ha debutado en la Bolsa, a pesar de no tener ninguna fuente de ingresos conocida al margen de la venta de la madera de las encinas taladas en la zona donde ha preinstalado la balsa para la supuesta futura extracción. La compañía anunciaba en el momento de su salto al mercado de valores de la mano de su consejero delegado Paul Atherley su intención de invertir 250 millones de euros en la explotación de Retortillo. Así mismo declaraba su interés en poner en marcha dos explotaciones más en un futuro.

Sin embargo, el cumplimiento de esas promesas aún tendrá que esperar. La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados remitió una petición al gobierno para paralizar el proyecto el pasado mes de junio. Así mismo, también deberá esperar al dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, que no se resolverá hasta al menos finales de este año.