FACUA Madrid critica que el Ayuntamiento se desentienda de su labor de inspección contra el fraude y relaje los controles
- La Asociación de Personal Técnico de Consumo de la Comunidad de Madrid ha denunciado en una nota de prensa que el Consistorio ha dado órdenes de no exigir a los comercios en rebajas la presentación de facturas de los 30 días anteriores, tal y como señala la normativa.
FACUA Madrid critica que el Ayuntamiento de la capital se esté desentendiendo de su labor de inspección para evitar fraudes en los comercios, e incluso esté relajando la realización de esta actividad.
La asociación ha tenido conocimiento de que la Asociación de Personal Técnico de Consumo de la Comunidad de Madrid (Apctm) ha denunciado en una nota de prensa que “el Ayuntamiento de Madrid ha dado instrucciones a la plantilla de Inspección de Consumo para que no exijan a los establecimientos en rebajas la presentación de facturas de venta del periodo de treinta días anteriores, tal y como contempla la Ley de Ordenación del Comercio Minorista“.
En este sentido, FACUA Madrid señala que esta decisión supone una dejación en la lucha contra el fraude, limitando la actuación del Ayuntamiento deJosé Luis Martínez-Almeidaa la vigilancia de aspectos formales.
La asociación muestra su preocupación ante una deficiente actuación por parte del Ayuntamiento de Madrid y considera que una ciudad como la que representa, con una gran actividad comercial, debería de extremar dicha actividad y, con ello, la correcta protección de los intereses de los consumidores.
Así, FACUA Madrid insta al Ejecutivo madrileño a que desarrolle una actividad inspectora efectiva y real para evitar los fraudes y abusos, así como que se hagan públicas las posteriores sanciones por los incumplimientos que se detecten durante los controles.
A su vez, la asociación ha solicitado de nuevo a las autoridades que realicen inspecciones en los comercios antes de la temporada de rebajas con el fin de comprobar si los descuentos supuestamente aplicados son reales o no y ha lamentado el creciente abandono de las políticas de protección al consumidor.