Asociaciones vecinales de todo el Estado solicitan que el presidente de la CNMC explique en el Congreso su posición sobre las viviendas turísticas

Ayer por tarde, representantes de más de 300 asociaciones vecinales de nueve comunidades autónomas registraron en el Congreso de los Diputados una petición para que comparezca el presidente de la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) y explique cómo se gestó el polémico «Estudio sobre la Regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España». Buena parte de esas entidades, entre las que se encuentran las federaciones de asociaciones vecinales de Madrid, Barcelona y Ávila, la Federación de AAVV de Centros Históricos de Andalucía y la Coordinadora de AAVV de Madrid Centro, proceden de barrios que a diario sufren las consecuencias de la turistificación y de la expansión descontrolada de ese tipo de alojamientos. Por eso, la publicación, este verano, del estudio del organismo que preside José María Marín Quemada sentó a estas entidades como una auténtica puñalada, ya que reproduce buena parte del argumentario de plataformas como AirBnB, negando, entre otras cosas, que exista una relación entre el aumento de los precios de los alquileres y la proliferación de los alojamientos turísticos.

“Consideramos que las llamativas coincidencias entre los postulados de la CNMC y la posición de AirBnB reclaman una investigación que aclare cómo ha sido el proceso de elaboración de este informe y si ha habido reuniones, llamadas telefónicas, visitas, etc., de qué se habló en todas estas reuniones, y quiénes asistieron”, puede leerse en la petición consignada ayer, que ha sido dirigida al presidente de la Comisión de Economía y Competitividad, el espacio en el que Marín debería rendir cuentas ante la ciudadanía.

Las asociaciones vecinales que firman la petición de comparecencia (cuyo documento adjuntamos) consideran “la intromisión de la CNMC injustificable y fuera de lugar al anunciar los recursos contra las normas de ayuntamientos y comunidades autónomas que están empezando a regular las VUT” y critican “la vergonzosa defensa pública de este organismo, con los mismos argumentos de las empresas como AirBnB, que tienen intereses”.

En su escrito, en el que solicitan el apoyo de los diputados y diputadas de la Comisión de Economía y Competitividad, las entidades vecinales recogen algunas de las razones por las que piden la interdicción de las viviendas turísticas: “las VUT no son queridas por la mayoría de las comunidades de propietarios. Con una población flotante que cambia día a día es imposible establecer relaciones de vecindad, los usos y costumbres de los residentes temporales no coinciden con los de los vecinos habituales, además de los problemas de seguridad que conlleva la presencia constante de personas ajenas a la comunidad, que disponen temporalmente de una llave de acceso a las zonas comunes. Cada vez son más las personas que se resisten a ver su portal lleno de maletas, convertido en algo parecido a una recepción de un hotel, a compartir las zonas comunes con personas desconocidas, a convertirse en extraños para aquellos con quienes se cruzan diariamente”. Pero, sobre todo, “la pérdida de valor residencial y el vaciamiento de nuestros centros históricos es un proceso que directamente mata la ciudad, forzando a los residentes a un éxodo involuntario: a los inquilinos, porque no pueden afrontar las subidas de los alquileres y a los propietarios por la pérdida progresiva de calidad de vida derivada de la ‘hotelización’ del edificio en el que viven”, apostillan.

Sin embargo, “todos estos problemas parecen no existir para la CNMC. Los minimiza o da para ellos unas soluciones imposibles o directamente absurdas, a pesar de las evidentes «externalidades negativas», como se llama en la jerga neoliberal a aquellos daños que la libertad de unos pocos causa al resto. Y que, como tal, requieren de una mínima reflexión. Nos preocupa muchísimo que la CNMC, un organismo pagado con dinero público, proceda con tanta falta de rigor y se emplee abiertamente en hacer lobby a determinadas empresas que obtienen un beneficio directo del incumplimiento del marco legal por parte de muchos de sus denominados «anfitriones». Una empresa que obtiene lucro de la ‘ilegalidad’ nunca debería ser considerada un interlocutor válido”, remachan las asociaciones vecinales en el documento que registraron ayer.