APDHA califica de “asfixiante e intolerable» la situación en Sevilla ante el recorte de libertades

Andalucía, 21 de noviembre de 2018.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha alertado hoy sobre la “asfixiante e intolerable” situación de Sevilla ante el recorte de libertades. La dureza de la represión en la capital andaluza es tal, según datos del Ministerio del Interior, que encabeza, con 42 multas diarias, el número de sanciones anuales en el Estado español, además de ser la provincia que lidera los pagos por sanciones, con 8.761.262 € durante 2017, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

Periodistas, feministas, sindicalistas, colectivos LGTBIQ+, personas sin hogar y defensoras de los derechos humanos son los principales colectivos afectados por una represión que va en aumento y “que se ceba a base de multas especialmente con los barrios más excluidos”. El número de sanciones creció en Sevilla casi un 35% desde 2016, alcanzando las 15.420 en 2017, último dato facilitado por Interior. Entre las comunidades autónomas, Andalucía es de todas la que registra una mayor severidad en la aplicación de la ley, dado que aglutina un tercio tanto de las sanciones como de las cuantías abonadas en todo el territorio nacional.

La organización considera que esta situación supone ”una desprotección absoluta de la ciudadanía, que ve cómo se atropellan de manera constante sus derechos más básicos y se implementa un orden autoritario que nos retrotrae a épocas pasadas. Si organizaciones con un respaldo y una trayectoria se ven afectadas, qué no le pasará al ciudadano o ciudadana de a pie”, lamentan.

APDHA Sevilla informa de que va a desarrollar una campaña -#QuienSeMueveSaleEnLaFoto- por haber sido otra víctima más de la represión este año. Por un lado, la Subdelegación del Gobierno ha sancionado al delegado de la asociación en Sevilla con una multa de 601€ por una concentración por el derecho a la vivienda en Sevilla, un acto comunicado en tiempo y forma, “como es habitual”, que se desarrolló junto a otros colectivos a principios de año frente al ayuntamiento.

Por otro lado, el coordinador de Marginación de la organización andaluza está en la actualidad investigado en un procedimiento penal tras su asistencia como observador, y en el marco de su tarea de velar por el respeto a los derechos humanos, a lo que se anunciaba como el arranque de una nueva corrala en la calle Macarena. La denuncia se realiza bajo “graves y falsas acusaciones, como las de actuar tutelando y representado al colectivo de personas sin hogar, liderando e incitando a la acción violenta”.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, defienden, “nunca hemos propiciado acciones violentas o tendentes a la comisión de ilícito alguno, por el contrario, reivindicamos el respeto a los derechos y libertades de todas las personas con dignidad”. Más bien, denuncian, estos procedimientos persiguen la contención, el aislamiento, el recorte a la libertad de expresión y la criminalización de los activistas sociales.

La asociación ha criticado la represión que el Gobierno está ejerciendo como medida disuasoria para los movimientos por la defensa de los derechos humanos. “La Ley Mordaza entra en vigor en julio de 2015, en un contexto de carencias consolidado en Andalucía, con amplias capas de la sociedad cada vez más empobrecidas (37,% en riesgo de pobreza), el sistema público cada vez más débil, la precarización del empleo (22,8% de paro), la ausencia de vivienda, la falta de cobertura social, entre otras, como una manera de silenciar y desincentivar la protesta social”.

Represión de la disidencia

Es necesario resaltar, añaden, que esta ley se enmarca dentro de un conjunto normativo utilizado para reprimir la disidencia y del que forma parte también el Código Penal que, ya antes de su última modificación, constituía uno de los más severos de nuestro entorno, a pesar de que España cuenta con un de los datos de criminalidad más bajos del mundo.

Este aparato normativo, aseguran desde la asociación, es el que ha permitido que sean procesadas como ‘los 6 de la Macarena’, por llevar a cabo una ocupación como protesta en defensa del derecho a la vivienda.  Justo ayer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por violar el derecho a la libertad de expresión de una persona que fue desalojada de Casas Viejas (Sevilla) en el año 2007 y que afirmó haber sufrido torturas por parte de dos policías. La Fiscalía abrió entonces una investigación a petición de la Delegación de Gobierno de Andalucía por estas declaraciones por las que finalmente fue condenado.