CCOO valora el diálogo y la responsabilidad social e institucional en el nuevo Reglamento de Extranjería
La realidad migratoria es un hecho incontestable de la sociedad española actual. El reto es conseguir que –además– sea un hecho incontestado, para lo que es crucial la responsabilidad y el diálogo institucional.
Por ello, el valor intrínseco –en un contexto de ruido que algunos generan en torno de las migraciones– del compromiso de los agentes sociales, patronal y sindicatos, junto con la administración en proponer, debatir y asumir cambios normativos que mejoren las condiciones de vida de los millones de personas trabajadoras extranjeras en España, debe ser puesto de manifiesto.
En el presente proceso de reforma, un marco de participación y consulta social de varios meses ha dado lugar a un nuevo texto reglamentario que, si bien no concita ni reúne todas las expectativas y ambiciones de CCOO, resulta otro hito satisfactorio en el marco institucional de consulta social que se desarrolla en España desde 2004.
CCOO expresamos nuestra sorpresa por la incorporación de un “proceso selectivo de regularización sólo destinado a personas en situación irregular y cuya solicitud de protección internacional haya sido desestimada”. Hasta ahora, todos y cada uno de los procesos de reforma de los respectivos marcos normativos en España han llevado siempre aparejados procesos de regularización extraordinaria para aquellas personas que se encontrasen en España en situación irregular. No entendemos este proceso selectivo –y discriminatorio, pues solo beneficia a un grupo específico–, que además no fue sometido a consulta ni pública ni social en los respectivos ámbitos.
En todo caso, el sindicato valora los avances en seguridad jurídica y en garantías para las personas extranjeras en España, así como la consolidación de figuras específicas, por ejemplo respecto a las mujeres extranjeras víctimas de maltrato machista o de violencias sexuales, además de la trata y el tráfico.
Asimismo, CCOO considera excesivo un periodo de vacatio de seis meses para su entrada en vigor, teniendo en cuenta que se ha estado discutiendo desde el pasado mes de abril. Posponer su aplicación hasta mayo de 2025, no parece lo más adecuado en el contexto actual.
Finalmente, CCOO insiste en que ninguna reforma será efectiva –por buena que sea– sin la adecuada dotación de medios humanos, incluyendo formación adecuada al personal encargado de la gestión, ni la suficiente dotación económica para lograr una administración ágil y eficaz.
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