Julian Assange declara ante la Audiencia Nacional en su querella contra Undercover Global Ltd

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha declarado este viernes ante la Audiencia Nacional, mediante videoconferencia, en la vista previa de su querella contra la compañía de seguridad española Undercover Global Ltd. Assange ha testificado ante el tribunal desde la Corte Suprema de Reino Unido, país donde se encuentra detenido cautelarmente ante las demandas de expatriación de los Estados Unidos.

En su querella, Assange acusa a la compañía privada con sede en Jerez de la Frontera, responsable de la seguridad de la embajada ecuatoriana en Londres en el periodo de 2015 a 2018, de haber interceptado sus comunicaciones y haberlas transferido a las autoridades estadounidenses. 

De acuerdo con el equipo legal del australiano, este habría sufrido una «injerencia masiva» por parte de los servicios de inteligencia de EE.UU., ayudado por la citada compañía de seguridad, que violentó, entre otros derechos, sus comunicaciones profesionales con abogados. Además, suponen que la empresa recabó información a través de cámaras de vídeo que registraban audio, micrófonos escondidos, apertura de dispositivos electrónicos y teléfonos de las visitas.

Al respecto, su abogado Aitor Martínez aseguró que su representado desconocía totalmente que las cámaras grabasen audio y que se hubieran introducido micrófonos ocultos en las bases de PVC de los extintores, por lo cual Assange sostiene haber sido objeto pasivo de una “intromisión ilegítima” coordinada por EE.UU..

El equipo judicial del principal artífice de WikiLeaks insisten en que hay «ingentes evidencias» para apoyar la denuncia, «provenientes del propio material de la empresa, así como de los testimonios de los testigos protegidos en el marco de la causa, extrabajadores de la empresa».

Una posible victoria en este caso podría evitar que el periodistas australiano fuese extraditado a EE.UU., como requiere el Departamento de Justicia de ese país, para juzgarlo por la filtración de cientos de miles de documentos militares y diplomáticos confidenciales en 2010.

Martínez declaró a la prensa que “con las evidencias que hay ya en la causa, consideramos que evidentemente se debe desarticular ya el proceso de extradición abierto contra él, porque no existe ningún tipo de garantías en Estados Unidos”.