685.000 firmas contra los tribunales privados, un escollo para la transición ecológica
- Coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial en Davos 2020, la campaña ‘No a los Tratados de Comercio e Inversión ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados, 685.000 firmas recogidas durante 2019 por la iniciativa europea ‘Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales. Stop ISDS’.
- Con estas firmas se pide la eliminación de todos los tratados de comercio e inversiones que contengan el mecanismo ‘Solución de controversias entre inversores y estados’ (ISDS). Este sistema de tribunales privados pone trabas a la transición ecológica justa y es usado por las multinacionales para intimidar a los gobiernos.
- La campaña exige, entre otros, la salida del Tratado sobre la Carta de Energía, por el que España (el segundo país del mundo con más demandas recibidas bajo este sistema de tribunales privados) ha recibido 47 demandas.
- En su lugar, la iniciativa europea exige un tratado internacional vinculante que permitan juzgar a las empresas transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde operen.
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y sindicatos de más de 18 países de la UE, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, han entregado las firmas de la petición a sus representantes políticos en toda Europa. Lo han hecho coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial en Davos, justo un año después del inicio de la iniciativa.
En el Estado español, la entrega de las firmas se ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados para pedir a los grupos parlamentarios y al autodenominado ‘gobierno progresista’ que escuche las demandas de las miles de personas que exigen el fin de los privilegios para las multinacionales y su sistema de justicia paralela ISDS. También se ha exigido la creación de una normativa para controlar que las empresas españolas no vulneren los derechos humanos y destruyan el medio ambiente.
El ISDS: principal obstáculo para la transición ecológica
El ISDS es un mecanismo que otorga el derecho a las empresas multinacionales a demandar a los gobiernos ante tribunales de arbitraje por llevar a cabo legislación que pueda afectar sus beneficios económicos, socavando con ello la soberanía de los Estados. Esta herramienta se encuentra en la mayoría de los tratados de comercio y de inversión, como en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) o el Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la UE y Vietnam, aprobado ayer por la comisión de comercio del Parlamento Europeo.
El Estado español es el primer país de la Unión Europea, y el segundo a nivel mundial, que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), un total de 51, de las cuales 47 se han llevado a cabo en virtud del Tratado sobre la Carta de Energía.
Aunque dichas demandas se han producido en el contexto del recorte de España a las renovables, ya existen casos que muestran cómo este tratado puede ser utilizado contra Estados que adopten necesarias y urgentes medidas de transición ecológica. Sirva como ejemplo las demandas anunciadas recientemente por las compañías Uniper/Fortum y TWE contra Holanda por aprobar una ley que prohíbe la quema de carbón en la la producción de electricidad.
Las organizaciones promotoras de la campaña han señalado que estas demandas, presentes y futuras, se traducirán en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores, en vez de dedicarse a medidas sociales de transición justa. Por ello, la emergencia climática hace necesaria más que nunca la salida de España del TCE, y la terminación de cualquier tratado que contenga dicho mecanismo.
Normativa para acabar con los crímenes corporativos
En lugar de los ISDS, la iniciativa exige un tratado internacional vinculante sobre derechos humanos y empresas, acompañado de legislación a nivel europeo y estatal, que permitan juzgar a las empresas transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde operen.
En 2018, 321 personas que defendían los derechos humanos y ambientales fueron asesinadas por oponerse a abusos corporativos. A día de hoy, sin embargo, las personas afectadas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las transnacionales no logran acceder a la justicia.
Desde el 2014 se está negociando un tratado vinculante de las Naciones Unidas. Sin embargo, tal y como señalan los portavoces de la campaña, “los lobbies empresariales y algunos países e instituciones, la UE entre ellas, llevan todo este tiempo obstaculizando la adopción de un tratado fuerte que se traduzca en medidas reales y efectivas para parar los pies a la impunidad corporativa”.
A nivel de los Estados, Francia lleva la delantera, con la adopción en 2017 de una ley sobre el deber de vigilancia de las empresas. La ley ha sido recientemente utilizada contra la multinacional francesa Total por no incluir en su plan de vigilancia el compromiso de reducir las emisiones de efecto invernadero y por no respetar los derechos humanos y el medioambiente en Uganda. Si bien esta ley supone un enorme paso adelante, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar su aplicación efectiva.
Durante la entrega de firmas, Ecologistas en Acción ha recalcado que el nuevo Gobierno español debe priorizar la protección de los derechos humanos y del medioambiente allí donde operen sus multinacionales. Para ello, le ha pedido que se implique de forma constructiva y proactiva en el proceso de elaboración de un Tratado Vinculante de la ONU y promover de manera inmediata la elaboración de una ley a nivel estatal a semejanza de la francesa.
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