Ramón Espinar insta al Gobierno a que restituya los derechos laborales de los investigadores predoctorales

Ramón Espinar, senador por Madrid y Portavoz de Unidos Podemos en el Senado, ha registrado hoy una moción que insta al Gobierno de Mariano Rajoy a restituir los derechos laborales de los investigadores predoctorales. Tal y como muchos investigadores han denunciado, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha modificado la codificación de todos los contratos predoctorales, que han pasado de ser contratos de obra y servicios a contratos de prácticas, con la consiguiente merma de derechos para todos los jóvenes investigadores afectados. De esta forma, uno de los sectores más importantes y estratégicos para el futuro de nuestro país no solo ha de hacer frente al recorte presupuestario en investigación que se padece durante los últimos años, sino a una merma sensible de las condiciones laborales de los jóvenes más preparados de nuestro país. Habida cuenta de que los datos relativos a la producción científica muestran un retroceso palpable desde 2010 (fecha desde la que disminuye el número de patentes nacionales), parece del todo desaconsejable precarizar aún más las condiciones de vida de nuestros jóvenes científicos, que, teniendo en cuenta la desprotección que padecen, pueden optar por emigrar a otros países que valoren más su talento, esfuerzo y dedicación.

La Ley 14/2011 (de Ciencia, Tecnología e Innovación) regula en su artículo 21 los contratos predoctorales, que han de tener una duración mínima de un año y máxima de cuatro. En base a la normativa legal existente y al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, los contratos predoctorales de los investigadores españoles se codificaban hasta ahora como contratos de obras y servicios. No obstante, y a través de una resolución administrativa que ni siquiera fue comunicada a los afectados, el Ministerio del Interior ha modificado la codificación de los contratos predoctorales, que ahora pasan a considerarse contratos de prácticas, regulados por el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, que establece una duración máxima del contrato de dos años, absolutamente incompatible con lo que establece la Ley de Ciencia 14/2011.

Por ello, Ramón Espinar solicita en la moción registrada “revertir el cambio de codificación realizado por la Seguridad Social” o, en cualquier caso, “revocar la aplicación retroactiva que se haya podido formular sobre contratos firmados bajo la modalidad de obra y servicio”. Asimismo, Unidos Podemos solicita que el contrato predoctoral se regule conforme a lo establecido por la Ley de Ciencia, para que “venga a reconocer la naturaleza laboral de dicha prestación, otorgándole dicho reconocimiento a todos los efectos retributivos y sobre prestaciones contributivas legalmente reconocidas”.