Redacción •  Actualidad •  22/02/2018

IU logra que el Congreso apruebe una iniciativa para “sacar la religión fuera del currículo y del ámbito escolar”, y para “denunciar y derogar” los acuerdos del Estado con la Santa Sede

El diputado Miguel Ángel Bustamante consigue a través de una enmienda transaccional el respaldo del resto de grupos salvo PP y Ciudadanos, que vuelven a sumar fuerzas para tratar sin éxito de tumbar la iniciativa.

IU logra que el Congreso apruebe una iniciativa para “sacar la religión fuera del currículo y del ámbito escolar”, y para “denunciar y derogar” los acuerdos del Estado con la Santa Sede

El diputado de Izquierda Unida Miguel Ángel Bustamante ha logrado sacar adelante esta tarde en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso una iniciativa impulsada por esta formación dentro del Grupo Confederal de Unidos Podemos -que contaba también con la firma del Grupo Mixto-, que insta al Gobierno del PP a “sacar la religión fuera del currículo y del ámbito escolar” y a “denunciar y derogar” los acuerdos del Estado con la Santa Sede”.

Bustamante redactó en último término una enmienda transaccional para conseguir el apoyo del mayor número posible de grupos parlamentarios, a la que se sumó el Grupo Socialista, además del Mixto con cuyo respaldo ya se contaba. Finalmente, la iniciativa contó con 18 votos a favor, una abstención y 17 votos en contra, estos últimos de PP y Ciudadanos, que volvieron a sumar fuerzas para tratar sin éxito de tumbar el texto.

El nuevo texto concentra las propuestas iniciales para lograr ese consenso y plantea, por un lado, ‘garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar’; y a proceder, en consecuencia, a la “derogación del Concordato y posteriores Acuerdos con el Vaticano, así como de los acuerdos suscritos con otras confesiones religiosas”. La transaccional acordada ha dejado fuera de la votación el tercer punto -con menor consenso y pendiente de mayor debate- que hacía referencia a la responsabilidad de las Administraciones Públicas con la educación pública y a “destinar a ella recursos públicos suficientes, retirando progresivamente el desvío de fondos públicos hacia redes escolares privadas”.

Como se encargó de recordar el propio Bustamante, la redacción inicial era “consecuencia de las reivindicaciones de más de 40 colectivos, entre ellos Europa Laica que están hoy presentes con nosotros”.

El parlamentario andaluz de IU había iniciado su intervención recordando que ayer mismo “el cardenal Cañizares decía que en la escuela católica no puede entrar la ideología de género porque destruye al hombre. Nosotros y nosotras pensamos que lo que no puede entrar es el dinero público en aquella escuela que no respeta los valores que son democráticos y progresistas, y aquellos que requiere nuestra sociedad, con el número acuciante de asesinatos machistas y con la brecha salarial que alcanza el 20%”.

Expuso en la comisión que la situación de la Educación en nuestro país sigue “en el marco de los recortes que se están dando en los servicios públicos. Vemos como en la Sanidad aumentan las listas de espera, cómo se privatizan hospitales, cómo las pensiones aumentan el 0,25% mientras el precio del gas o de la luz en enero subían el 10% y vemos cómo la Educación se privatiza o aumenta la inversión privada, mientras se sigue recortando”.

“Y todo ello -apostilló- se da junto a una LOMCE que es una ley conservadora y que sigue una lógica neoliberal. Plantea un modelo de educación elitista, con un esquema de adelanto de itinerarios, de reválidas, que dan como resultado la salida prematura de amplios sectores populares del sistema público de educación, convirtiéndolos en mano de obra  precaria y barata”.

En este marco que tachó de “conservador y neoliberal”, destacó la irrenunciable propuesta de garantizar “el carácter laico de la educación”, así como “la derogación de los Acuerdos de Estado con el Vaticano”. Recordó que el Concordato firmado con la Santa Sede “supone 11.000 millones de euros de beneficio para la Iglesia a través de exenciones de IBI, casilla de IRPF, etc”.


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