Granada Laica denuncia que el Gobierno legitima el expolio monumental de las inmatriculaciones de la Iglesia

Granada Laica valora muy negativamente el informe del Gobierno de España relativo a las inmatriculaciones de la Iglesia católica en todo el Estado en general, y en Granada en particular.

Por un lado, el informe es muy incompleto. Para empezar, ignora nada menos que los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica durante más de medio siglo, entre 1946 y 1998, en virtud de la Ley Hipotecaria de 1946 y su correspondiente Reglamento. (Con la reforma de 1998, Aznar posibilitó que las inmatriculaciones también afectaran a los templos). Se dan así por buenas, sin más, las inscripciones realizadas incluso durante el franquismo. Es el caso de la emblemática iglesia de Santa Ana (más casa rectoral y jardines), inscrita para la Iglesia en 1991, a pesar de que eso no era legal antes de 1998, por poner un ejemplo significativo de Granada. Hay que recordar que, aunque suene extraño, muchas iglesias (edificios) no pertenecen a la Iglesia (institución), sencillamente porque no fue ésta quien costeó la construcción. En multitud de casos se trata de inmuebles construidos, restaurados y/o mantenidos con fondos públicos.

Por otra parte, hay muchos bienes, y algunos de gran importancia, que, habiendo sido inmatriculados en el periodo contemplado (entre 1998 y 2015), no figuran en el listado. No aparece, por ejemplo, el conjunto catedralicio de Granada (Catedral, Capilla Real y Sagrario), registrado por el arzobispado el 22 de junio de 2015 (sin embargo, hubo previamente una certificación negativa de inscripción, de 11-03-2014), y tampoco otras iglesias de la provincia. Precisamente fue un arduo trabajo realizado durante años por Granada Laica el que consiguió acreditar, mediante nota de Registro, que el conjunto catedralicio había sido inmatriculado, así como otros bienes inmuebles de Atarfe, Moclín, Alhama, Almuñécar, Armilla y Albuñol, que no aparecen en el listado gubernamental. Comprobamos, además, la fiebre inmatriculadora del arzobispado granadino en los últimos meses de barra libre de inmatriculaciones eclesiásticas (2015).

También es incompleto el informe del Gobierno debido a la falta de datos de los bienes inmuebles enumerados, que no están debidamente identificados. 

Uno de los aspectos más inicuos del informe es que revierte la carga de la prueba. Es decir, en vez de ser la Iglesia quien debe aportar pruebas para legitimar una inmatriculación, ésta se da graciosamente por consolidada con un mero certificado episcopal, y ahora resulta que las pruebas las debe aportar quien considere que alguna propiedad inmatriculada no es de la Iglesia, para lo que deberá recurrir a la vía judicial –o administrativa– para reclamar, demostrando de quién es realmente la propiedad. Esta “solución” que se propone, con el lógico aplauso de los obispos, ¿no es una burla? ¿Quién tiene recursos y medios para reclamar los casi 35.000 bienes expoliados (244 en Granada)? (y ya saben que estos números infravaloran los datos reales), ¿y quién reclamará bienes que ni siquiera están bien identificados? ¿Reclamarán acaso poderes políticos que históricamente se han comportado y comportan como aliados de los intereses de la Iglesia, frente a los de la ciudadanía?

Santa María de la Alhambra

En definitiva, consideramos que el dislate gubernamental tiene como consecuencia que se legitima la mayor parte del expolio llevado a cabo por la Iglesia católica a lo largo de siete décadas. El Gobierno se hace cómplice del mayor escándalo inmobiliario de la historia de España.

Este informe y esa “solución”, tan extremadamente tramposos y ventajistas para la Iglesia, explica la rapidez con la que responsables eclesiásticos han expresado su satisfacción con ellos.

En el caso de Granada, ¿Quién reclamará, por ejemplo, Santa María de la Alhambra (que sí está en el listado)? Se trata de un bien inmatriculado por el Arzobispado de Granada que se encuentra dentro del recinto monumental de la Alhambra, que es Patrimonio de la Humanidad. ¿Y quién reclamará la Catedral, Santa Ana, la Capilla Real, y tantos otros templos, ermitas, o incluso parcelas?

Granada Laica, como Europa Laica, opina que corresponde a la Administración velar para que los bienes públicos pertenezcan al Estado (es decir, a todos y todas), lo que no impediría ceder el uso de algunos inmuebles a la Iglesia, con asunción por parte de ésta del mantenimiento, tal como ocurre en Francia y otros países. Por el contrario, el Gobierno de España ha actuado haciéndose cómplice de una descomunal y escandalosa usurpación de bienes públicos por parte de la Iglesia católica.

Junto a Europa Laica, Granada Laica reclama de la comunidad política que busque fórmulas normativas para declarar nulas todas las inmatriculaciones realizadas sin título suficiente, y en particular el patrimonio histórico de raíz religiosa, el cual debe estar afectado al dominio público.

Mientras no se tomen medidas para declarar nulas las inmatriculaciones, instamos al Gobierno a que sea él quien reclame todas las inmatriculaciones pertenecientes al patrimonio histórico de raíz religioso, y, en particular, exigimos que el Ministerio de Cultura, competente en la custodia del inventario de patrimonio histórico, reclame todos los bienes inmatriculados que figuran en dicho inventario.

Asimismo, reclamamos de los grupos parlamentarios y del propio Gobierno que presenten de forma urgente una reforma de la Ley de patrimonio histórico para dar una solución definitiva a la protección del patrimonio histórico de raíz religiosa, afectando el mismo al dominio público, tal y como ocurre en otros países de Europa y haciéndose cargo de su gestión cultural, independientemente del uso litúrgico que puedan tener.