Maíllo afirma que “un Gobierno que se precie siempre tiene que presentar los presupuestos” para que sean el “espejo en el que contraponer el auge de lo reaccionario para atacar su origen”

El coordinador federal, Antonio Maíllo, ha asegurado esta mañana que “desde Izquierda Unida tenemos claro que un Gobierno que se precie siempre tiene que presentar unos presupuestos” (por los PGE), mucho más en “este contexto internacional de emergencia democrática” en el que estamos, donde las cuentas del Estado deben ser el “espejo en el que contraponer ese auge de lo autoritario y de lo reaccionario”, para “desde la audacia normativa, atacar con los presupuestos las razones que provocan ese auge”.

Maíllo lanzó esta idea durante su intervención en el acto público convocado hoy en Madrid por el espacio político Plurinacional de Sumar bajo el lema ‘Un Estado plurinacional, social y verde’, donde encabezó la amplia delegación de IU que, previamente, mantuvo una larga reunión con portavoces y representantes de las distintas fuerzas políticas que lo integran.

El máximo responsable de Izquierda Unida apuntó también que “el otro gran protagonista de un debate presupuestario en 2025 no puede ser otro que la vivienda”. Aquí, ante un “debate tan complejo”, aseguró que “tenemos que ser honestos” y reconocer “bastantes diferencias con quien tenemos que negociar el presupuesto”, en referencia a la parte mayoritaria del PSOE en el Gobierno.

“Si algo hemos constatado -dijo- es que el bipartidismo ha fracasado y ha hecho dejación desde el Estado de un servicio y de un derecho como la vivienda que debe igualarse a la sanidad o a la educación”. Por ello, exigió “extender el valor de la vivienda como algo protagónico del Estado y de la política pública”.

Denunció la “espiral de especulación” que hace que “un derecho humano no sea accesible a amplios sectores de la población”. Frente a ello, defendió el “protagonismo orgulloso del Estado para crear un parque de vivienda pública, para gestionarlo directamente y para modificar la Ley de Vivienda para sortear el bloqueo que hacen los gobiernos de las derechas para no declarar zonas tensionadas”.

“Lo que es lo mismo, que lo que se hace en Asturias, donde gobernamos, se haga también en Madrid o en Andalucía, donde gobierna el Partido Popular y bloquean esa Ley de Vivienda”, apostilló.

Antonio Maíllo entiende en relación a los Presupuestos Generales del Estado que “no se trata de espolear una amenaza, sino de atacar las razones en términos presupuestarios y, por tanto, en términos de modelo de país, para desactivar ese virus que, al parecer, se está extendiendo y sobre el que nosotros no asumimos que sea irreversible”.

Destacó también la importancia de impulsar la “redistribución de la riqueza”, que debe ser “el eje o el frontispicio” en torno al cual traducir ese mismo debate presupuestario en “medidas concretas”.

En esa redistribución de la riqueza encaja también la “materialidad”, que tiene que ver con “mejorar los salarios directos, con un marco estatal en los salarios públicos y medidas como la subida del salario mínimo (SMI)”. También afecta a “la reforma fiscal” y a los “salarios indirectos, que tradicionalmente se traducen en los servicios públicos que recibimos en forma de buena salud y sanidad pública, blindaje de lo público o abordaje del debate educativo como elemento fundamental para la igualdad y, por tanto, afrontar con transparencia y claridad esa excepcionalidad ibérica que tenemos en los centros concertados como si fueran públicos, que no lo son”.

Maíllo no olvidó un “tercer elemento”, como es “el blindaje del carácter público de las pensiones, que en España podemos celebrar como algo consolidado, pero que es objeto de amenaza permanente. En España debemos sentirnos orgullosas y orgullosos de que seguimos con el blindaje de carácter público de las pensiones”.
 

Coordenadas morales

El coordinador federal de IU planteó que los PGE “también definen las coordenadas morales de un país” y estas se aprecian a su vez “con la atención a la infancia migrante” frente a la “desvergüenza de los gobiernos del Partido Popular bloqueando la atención de un derecho humano básico de quien no tiene como patrimonio más que a ellos mismos”, ante la falta de “un entorno familiar normalizado”.

En la práctica, esas coordenadas morales del país “también las tiene que reflejar un presupuesto con la ampliación de los 120 millones de euros para un programa específico de atención y garantía a la población migrante, y de 100 millones de euros de ataque a la pobreza infantil”.

Antonio Maíllo concluyó que la clave de este debate presupuestario pasa por que “los grupos que están en el Congreso se definan y muestren a la sociedad cuál es su posición política ante unos presupuestos que van a aumentar derechos, que pretende atacar de raíz las causas fundamentales en los procesos de desigualdad en la sociedad y, por tanto, saber quiénes están a favor y quiénes están en contra de esta propuesta”.