España sigue incumpliendo las Directivas europeas en materia de aguas

Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua con el lema «Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua?» con el objetivo de poder mejorar la calidad del agua, reducir la contaminación, eliminar los vertidos y minimizar la liberación de productos químicos y materiales peligrosos. Sin embargo, a pesar de esta declaración de buenas intenciones, Greenpeace recuerda que España sigue sin cumplir con las Directivas europeas a este respecto.

El pasado mes de noviembre la Comisión Europea solicitó de nuevo al Tribunal de Justicia de la UE que sancione a España por incumplir las normas comunitarias en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales en 17 núcleos urbanos de Asturias, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias (1). Esto supondría una multa de 46,5 millones de euros. Además, Bruselas propone también una sanción diaria de 171.217 euros si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en el que el alto tribunal europeo dicte su resolución.

«La contaminación del agua es el factor que más influye en la pérdida de recursos hídricos. Incluso basando la gestión hidrológica en un política de oferta ilimitada, la lucha contra la contaminación permitiría aumentar en mayor medida la disponibilidad de agua que seguir con la construcción de nuevos embalses o trasvases«, ha declarado Julio Barea responsable de campaña de Greenpeace.

Tampoco se libran de la contaminación las aguas subterráneas, que son nuestra reservas estratégicas de agua. Los acuíferos pueden almacenar hasta seis veces más agua dulce que todos los embalses juntos (cerca de 1.300). Sin embargo, la contaminación procedente principalmente de la agricultura, la ganadería industrial y la sobreexplotación ponen en serio riesgo estas reservas para el futuro. Todavía está por resolver por las administraciones los planes para cerrar los más de 500.000 pozos ilegales reconocidos, que están esquilmando y contaminando nuestras aguas subterráneas.

En este contexto, la pasada semana la ministra de Medio Ambiente anunciaba en el Consejo Nacional del Agua conversaciones para lograr un nuevo Pacto Nacional del Agua. Olvidando que la prioridad es cumplir urgentemente con los objetivos y compromisos recogidos en la Directiva Marco del Agua que España incumple reiteradamente. Dicha Directiva se sustenta en la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas acuáticos como garantía futura de los recursos hídricos.

Sin embargo, el nuevo Pacto del Agua, bajo una supuesta premisa de solidaridad y reparto territorial del agua, es una apuesta clara por nuevos embalses y retomar la política de trasvases como el del Ebro y de paso promover nuevos desde el Tajo, el Duero o el Guadiana. Ello ancla a España en una política hídrica propia del pasado siglo, alejándose de las prioridades europeas y de la realidad del cambio climático.

Ayer mismo la Organización Meteorológica Mundial (OMM) desveló que 2016 batió todos los récord de temperatura, llevando al planeta a “un territorio desconocido”. A pesar de ello, los planes del Gobierno siguen basados en una política hídrica de oferta ilimitada de agua, por insostenible e irreal que esta sea. En un país donde este recurso es limitado y está sujeto a fuertes fluctuaciones como consecuencia de las sequías (y que se incrementará más aún debido al cambio climático), supone un error que está causando graves afecciones a los ecosistemas acuáticos y provoca también una gran tensión social.

Notas:

1. Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja, Barbate, Gijón Este, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Benicarló, Peñíscola, Teulada-Moraira, Valle Guerra noreste y Valle de Güímar.